Por Barbara Fraser, Catholic News Service
LIMA, Perú (CNS) — A medida que el coronavirus se extiende por Sur América, los líderes de la Iglesia Católica piden urgentemente a gobiernos que protejan a los pueblos indígenas.
Muchos indígenas, especialmente en la cuenca del Amazonas, viven en áreas remotas lejos de los centros médicos, o en viviendas precarias en las periferias de las áreas urbanas, a menudo sin agua o alcantarillado.
“Estamos en una situación que revela las profundas desigualdades en el país”, dijo Ismael Vega, director del Centro Amazónico de Antropología y Práctica Aplicada, una organización sin fines de lucro que apoya a la Iglesia Católica en la región amazónica peruana.
Personas indígenas tienen un riesgo más alto porque muchos viven en comunidades remotas donde el viaje por río al hospital de la capital más cercana podría llevar días, dijo Vega a Catholic News Service. Algunas aldeas tienen pequeñas clínicas, pero están operadas por técnicos de enfermería, que no están preparados para el brote de coronavirus y a menudo carecen de medicamentos básicos, dijo.
La región de Loreto en el nordeste de Perú, que tiene una gran población en las ciudades de Iquitos y Nauta en comunidades alejadas accesibles únicamente por el río, había registrado 58 de los más de 1,000 casos de COVID-9 del Perú para el 31 de marzo. Dos pacientes habían muerto y siete más estaban usando respiradores.
El hospital público tiene solamente 16 camas de cuidados intensivos, y ya estaba luchando contra un grave brote de dengue cuando golpeó el COVID-19, dijo Percy Minaya, el director de salud regional.
En Brasil, el Consejo Misionero Indígena de la Iglesia católica (CIMI), que trabaja con pueblos de la Amazonía, suspendió sus actividades con las comunidades y exhortó a los indígenas a permanecer en sus aldeas y evitar dejar entrar a extranjeros, le dijo a CNS el arzobispo Roque Paloschi, presidente del Consejo.
“Si una persona indígena se contagia, el virus se podría extender a toda la comunidad, a causa de personal de cuidados de salud que puedan controlar la situación”, dijo. Varios grupos indígenas en partes de Perú y Brasil han tomado medidas para impedir que extranjeros entren en sus comunidades, emitiendo comunicados y deteniendo vehículos.
La mayoría de las comunidades amazónicas dependen del agua de arroyos y ríos para beber y lavarse, dijo Vega. En muchos lugares esas fuentes están contaminadas, así que la gente carece de agua potable segura y agua para lavarse las manos, una medida crítica para evitar el contagio, dijo.
Tradicionalmente, una comunidad afectada por una enfermedad se hubiera desplazado para proteger a sus miembros. Hasta hace 40 o 30 años, eso podría haber ayudado a los miembros de la comunidad a sobrevivir, dijo Vega, pero la proximidad causada por industria de minería, maderería y operaciones de petróleo hacen esto prácticamente imposible hoy día.
COVID-19 podría tener un efecto particularmente devastador si alcanza a áreas habitadas por pueblos indígenas seminómadas que evitan el contacto con forasteros. Algunos son descendientes de personas que a lo largo de los años huyeron de enfermedades y abusos por parte de empresarios de gomas, madereros y otros forasteros, según dicen los antropólogos.
El número más alto de pueblos indígenas aislados del mundo vive en pequeños grupos en selvas forestales remotas a lo largo de la frontera entre Brasil y Perú, pero incluso tales grupos dispersos corren riesgo, dijo el obispo Paloschi.
Los territorios habitados por pueblos aislados tienen oficialmente prohibida la entrada a forasteros en Brasil, aunque las invasiones de madereros y los que buscan oro no son raras. El 17 de marzo, el gobierno brasileño publicó un decreto que permitiría a oficiales a entrar en un territorio habitado por un pueblo aislado durante una pandemia, si su trabajo “fuera esencial para la supervivencia del grupo asilado”.
Personas indígenas del grupo étnico Pataxo aparecen en esta foto en Sao Joaquim de Bicas, Brasil, el 25 de marzo de 2020. Mientras que el coronavirus se extiende por Sur América, los líderes de la Iglesia Católica piden urgentemente a gobiernos que protejan a los pueblos indígenas (Foto CNS-Washington Alves, Reuters)
El arzobispo Paloschi teme que el decreto sea otro paso hacia un cambio en la política de la agencia gubernamental de asuntos indígenas, en la que un ex ministro evangélico preside ahora sobre la oficina responsable de la protección de pueblos aislados y quienes han estado en contacto reciente.
Líderes de una organización que representa a siete tribus del Territorio Indígena del Valle del Javari, donde todavía viven muchos de los grupos aislados de Brasil, se han quejado ante los oficiales de que una organización misionera basada en Estados Unidos, ha entrado en la reserva sin permiso varias veces y está reclutando personas indígenas para una expedición para contactar a un grupo de un pueblo aislado.
“Desgraciadamente, el gobierno está animando el contacto”, dijo el arzobispo Paloschi. “Esto es un grave riesgo. El gobierno debe proteger y respetar la voluntad soberana de estas gentes a vivir sin contacto”.
El gobierno está “ignorando invasiones, deforestación, minería y cerco de agricultura industrial en áreas indígenas”, que habían sido ya reconocidas oficialmente por ley, dijo.
Una de esas áreas está cerca de la frontera de Brasil con Venezuela donde se calcula que unas 20,000 personas trabajan en áreas de minas de oro sin regulación, que están habitadas por grupos seminómadas, así como aldeas del pueblo Yanomami.
Si los mineros que salen y entran del área infectan a los indígenas de ahí con COVID-19, la enfermedad podría devastar a esos grupos, dijo Esther Tello, codirectora de la oficina diocesana de Cáritas en Boa Vista, Brasil.
El arzobispo Paloschi pidió al gobierno brasileño que aumente el personal, fondos e infraestructura para proteger la salud de los pueblos indígenas del país. Sin un cuidado de salud adecuado, los indígenas se verán forzados a abandonar sus aldeas, dijo.
En Perú, Vega pidió urgentemente al gobierno a establecer más puestos comunitarios de salud, situar en ellos a personal bien entrenado, mantener el abastecimiento de medicamentos, y estar preparados para evacuar a pacientes con rapidez, por aire o por el río.
Además de la fragilidad de los cuidados de salud para los indígenas, la pandemia está indicando una lección más profunda, dijo Vega.
“Estamos pagando las consecuencias de un modelo de desarrollo que está obsesionado con el crecimiento económico a expensas de derechos importantes”, dijo, “tales como el derecho a la salud y la educación y, en el caso de los indígenas, el derecho al territorio y a un ambiente saludable”.
