Por Carol Zimmermann, Catholic News Service
WASHINGTON (CNS) — Un panel de jueces federales expresó que el presidente Donald Trump actuó ilegalmente con su orden este verano de excluir a inmigrantes sin documentación legal de ser contados en el censo de 2020 para el rediseño de los distritos del Congreso.
Los jueces federales en Nueva York otorgaron una orden sobre la disposición el 10 de septiembre, prohibiendo al secretario de comercio Wilbur Ross, quien supervisa la Oficina del Censo de Estados Unidos, acatar el memorando del presidente emitido el 21 de julio.
El panel explicó que la orden de Trump violaba las leyes sobre cómo se realiza el censo y el proceso para rediseñar los distritos del Congreso en función a las cifras de este, enfatizando que las personas que viven en el país ilegalmente también califican para ser contadas en los estados donde viven.
“A lo largo de la historia de la nación, las cifras utilizadas para determinar la distribución del Congreso, en el lenguaje de los estatutos actuales, la ‘población total’ y el ‘número total de personas’ en cada estado, han incluido a todas las personas que residen en Estados Unidos en el momento del censo, ya sea ciudadano o no y si vive aquí con o sin estatus legal”, dijeron los jueces.
Los líderes demócratas, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, y los defensores de la inmigración se opusieron al memorando del presidente sobre el censo, y predijeron que enfrentaría desafíos legales y probablemente no se convertiría en ley.
Muchos también cuestionaron cómo la administración determinaría con precisión cuántas personas excluir de los datos utilizados para redefinir los distritos del Congreso.
Una declaración del 22 de julio formulada por los presidentes de dos comités de la USCCB describió el memorando del presidente como “simplemente erróneo y divisivo”. Pidieron a Trump rescindirlo y, en cambio, hacer “esfuerzos para proteger y sanar a nuestra nación y a todos los que viven en nuestro país”.
“Como hemos dicho antes, instamos a todas las personas a ser contadas e incluidas completamente en el censo”, expuso el comunicado pronunciado por el arzobispo Paul S. Coakley de Oklahoma City, presidente del Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Humano, y el obispo auxiliar Mario E. Dorsonville de Washington, presidente del Comité de Migración.
“Contar a los indocumentados en el censo y luego negarles a ellos y a los estados en los que residen su legítima representación en el Congreso es contrario a la Constitución y una grave injusticia”, señalaron, y agregaron que esta política también “hace que las personas se sientan invisibles y no valoradas como seres humanos.”
“Esto no es más que un intento inconstitucional y xenófobo de convertir el censo en un arma para silenciar y asustar a los inmigrantes. La comunidad de inmigrantes no será silenciada”, tuiteó Cabrini Immigrant Services (Servicios para Inmigrantes Cabrini) de la Ciudad de Nueva York el 21 de julio.
Por su parte, Hope Border Institute tuiteó: “La Constitución dice que el censo debe contar a todos, sin excepciones”. También comentó en Twitter que “el intento ilegal de la administración Trump de politizar el #Census con el propósito de excluir a ciertas personas significaría pasar por alto a 1.6 millones de personas solo en Texas y el impacto financiero para el estado sería incalculable”.
El presidente señaló que excluir a los “extranjeros ilegales” del censo de 2020 “refleja una mejor comprensión de la Constitución y es consistente con los principios de nuestra democracia representativa”.
Su memorando continuó diciendo: “Mi administración no apoyará dar representación en el Congreso a los extranjeros que ingresen o permanezcan en el país ilegalmente, porque hacerlo crearía incentivos perversos y socavaría nuestro sistema de gobierno”.
“Así como no le damos poder político a la gente que está aquí temporalmente, no deberíamos darle poder político a la gente que no debería estar aquí en absoluto”, añadió.
La Oficina del Censo anunció en junio que más de 90 millones de hogares ya habían respondido al censo, principalmente en línea. Antes de enviar los formularios de este año, la agencia pidió a los líderes religiosos de todo el país que difundieran información sobre el recuento y fomentaran la participación en él para garantizar que todas las comunidades se beneficiaran de un conteo preciso.
El año pasado, la Corte Suprema bloqueó el intento de la administración de agregar una pregunta de ciudadanía al censo de 2020, diciendo que la razón dada para agregarla, para ayudar a hacer cumplir los derechos de voto, parecía controversial.
Los obispos estadounidenses elogiaron la acción de la corte, diciendo: “Todas las personas en Estados Unidos deberían ser contadas en el censo sin importar su estatus migratorio”. También reiteraron una declaración anterior de los obispos sobre el tema que decía: “Las cuestiones relacionadas a la ciudadanía no deben incluirse en el censo. Esperamos que prevalezca esta opinión, ya sea por acción administrativa o por determinación judicial”.
El censo se basa en el texto de la Constitución, que requiere una “enumeración real” de la población cada 10 años. Determina la financiación federal para carreteras y escuelas, y proporciona números de población para volver a trazar los límites de los distritos del Congreso y determinar cuántos representantes de la Cámara tiene cada estado.
Foto destacada: Manifestantes se reúnen frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington el 23 de abril de 2019, luego de los argumentos orales sobre una pregunta de ciudadanía para el censo. Un tribunal federal dictaminó el 10 de septiembre de 2020 que excluir a los inmigrantes en el país ilegalmente del conteo del censo violaría la Enmienda 14, que requiere que el número de escaños en la Cámara de Representantes que se asigna a cada estado se base en “contar el número total de personas en cada Estado.” (Foto de CNS / Shannon Stapleton, Reuters)
