Diócesis Salvadoreña pide Diálogo tras Aumento de Militarización Fronteriza

Por Rhina Guidos, Catholic News Service

WASHINGTON (CNS) — Líderes católicos del norte de El Salvador están hablando en contra de los efectos originados por un aumento de presencia militar a lo largo de la frontera con Honduras, en el norte del país — una situación que está afectando el libre movimiento y los medios de subsistencia de comunidades rurales.

Los soldados, a lo largo de la región salvadoreña de Chalatenango, cerca de Honduras, han estado allí desde un fallo por un tribunal internacional de La Haya en 1992 tras una disputa fronteriza, dijo el padre Manuel Acosta, profesor de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en San Salvador. El padre Acosta es sacerdote de la Diócesis de Chalatenango, la región afectada.

“Esta presencia ha sido minoritaria, pero en la pandemia en marzo se duplicó”, explicó el padre Acosta en un mensaje de WhatsApp a Catholic News Service el 27 de octubre. “Pero a partir del 20 de octubre es de manera exagerada y no dejan pasar”.

En marzo, el país centroamericano cerró sus fronteras, incluido su aeropuerto, diciendo que lo hacía para evitar que personas posiblemente infectadas por el coronavirus ingresaran por “puntos ciegos” en el terreno montañoso de Chalatenango, que se encuentra a unas dos horas al norte de la capital de San Salvador.

En septiembre, el aeropuerto reabrió, igual que pasos fronterizos terrestres oficiales, pero los soldados no han dejado los “puntos ciegos” de la zona. En cambio, su número ha aumentado, y ahora el gobierno dice que están allí para prevenir el narcotráfico.

Los gobiernos locales, que pertenecen a partidos políticos que se oponen al presidente salvadoreño Nayib Bukele, protestaron la medida. El presidente, a su vez, expuso que los alcaldes involucrados estaban protegiendo “no solo a pandilleros, sino a narcotraficantes”.

La UCA publicó un artículo editorial el 23 de octubre en su sitio web, donde expresó que el presidente “Bukele exhibe sin pudor, una vez más, el desconocimiento de la realidad y de la historia del país”.

A raíz del fallo de La Haya, un grupo de salvadoreños pasó a vivir en Honduras, pero sus tierras de trabajo quedaron en el lado de El Salvador, dijo la UCA.

“Lo mismo sucedió con ciudadanos hondureños, cuyas casas quedaron del lado salvadoreño. Ambos viven y trabajan en los llamados ‘bolsones’. Se mueven entre los dos países siguiendo el ritmo que han tenido desde siempre”, explicó el editorial. “Son comunidades caracterizadas por el abandono gubernamental. Solo algunas instituciones, iglesias y las alcaldías han tratado de atender sus necesidades”.

Debido al aumento de la militarización y las nuevas medidas que le acompañan, algunas personas que viven en los “bolsones” no han podido atender sus cultivos ni ver a sus familias, y algunos de esos cultivos que les ayudan a subsistir están a punto de madurar.

Sin personas que trabajen la tierra, los cultivos podrían perderse. Las medidas también afectan el libre comercio que abastece alimentos para resto de la población, dijo un sacerdote de la Diócesis de Chalatenango durante una conferencia de prensa el 26 de octubre. También participaron en la reunión agricultores, el obispo local, y sacerdotes de varios de los municipios afectados.

El obispo Oswaldo Escobar Aguilar de Chalatenango instó al gobierno al diálogo para buscar una solución serena y dijo que el aumento de la militarización está afectando negativamente a los pobres. El presidente está en su derecho de proteger el territorio nacional, dijo Monseñor Escobar, pero el gobierno no debe “estigmatizarlos a todos”, particularmente a los agricultores que viven en esa zona, calificándolos como narcotraficantes, o personas a favor de ellos.

“Como diócesis, no nos oponemos a la presencia militar en estos lugares fronterizos . . . siempre y cuando se respete la constitución y se respeten los derechos de la gente y el libre tránsito”, en particular para que los agricultores puedan atender a sus cultivos, su ganado, trabajar en los campos, visitar a la familia al otro lado de la frontera, y asistir a los servicios religiosos, indicó el obispo.

La pandemia, la pérdida de cosechas por tormentas tropicales, y ahora el aumento de la militarización están dando un duro golpe a las familias pobres que ya estaban teniendo dificultades por la pandemia. La diócesis expresó que no estaba tomando el lado de ningún partido político, ni tampoco está defendiendo a los narcotraficantes o cualquier persona involucrada en el contrabando o actividades ilícitas, que no presentan un problema tan grande en Chalatenango como en el resto del país. Más bien, su interés es el bienestar de los campesinos y las familias de su región, dijo la diócesis.

“Como diócesis, no nos oponemos a la presencia militar en estos lugares fronterizos . . . siempre y cuando se respete la constitución y se respeten los derechos de la gente y el libre tránsito”

La diócesis pidió que el gobierno analizara la posibilidad de permisos u otra “carnetización binacional” que permitiría a quienes han trabajado y vivido pacíficamente allí durante mucho tiempo continuar haciéndolo.

En Estados Unidos, la organización U.S.-El Salvador Sister Cities (Ciudades Hermanas Estados Unidos-El Salvador), una red de comités en decenas de ciudades estadounidenses que se asocia con comunidades de El Salvador, también emitió un comunicado, pidiendo al gobierno el retiro inmediato de soldados, el “restablecimiento de condiciones para garantizar los derechos económicos y sociales de las familias afectadas por la disputa territorial entre Honduras y El Salvador” y un fin a “a la campaña de desprestigio dirigido desde la presidencia a los alcaldes de la zona”.

El grupo estadounidense también menciona cómo sufrió la región de Chalatenango durante la guerra civil del país de 1980-1992, ya que fue escenario de constantes bombardeos, masacres y desapariciones de civiles durante ese tiempo.

“Le recordamos al presidente que estas zonas fueron las más afectadas por la guerra civil de la década de los 80, donde miles de civiles fueron asesinados por cuerpos militares; hasta la fecha, las víctimas de la guerra y las familias afectadas viven en busca de la verdad, reparación, justicia y sanación por el trauma causado por las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas militares”, dice un comunicado difundido por la organización el 26 de octubre. “Hacemos al Presidente Nayib Bukele y al Ministro de Defensa Rene Merino Monroy directamente responsables por las violaciones de derechos humanos en la zona y por el daño psicológico, físico y moral que estos causen a la población”.

A principios de septiembre, la agencia de noticias The Associated Press informó que un alto funcionario estadounidense había advertido al gobierno del país que cierta ayuda contra la pobreza por parte de los EE.UU. a El Salvador dependía del “estricto cumplimiento del estado de derecho y la protección de las libertades fundamentales”, lo que algunos consideran en riesgo dada la postura desafiante de Bukele contra otras ramas del poder en El Salvador.

A principios de febrero, Bukele envió a soldados armados a la sala legislativa del país mientras discutía un préstamo para equipo que ayudara a combatir crimen y abordar la violencia de las pandillas que enfrenta el país.

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