CIUDAD DE MÉXICO (CNS) — Fiscales de El Salvador presentaron cargos contra un expresidente por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989, un crimen perpetrado por soldados durante una brutal guerra civil en el país centroamericano.
El expresidente Alfredo Cristiani y otros 12, en su mayoría exsoldados, fueron acusados de participar en los asesinatos de los seis jesuitas, la ama de llaves y su hija adolescente — muertes que ocurrieron en la residencia de los religiosos en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador.
El fiscal general salvadoreño, Rodolfo Delgado, anunció los cargos el 25 de febrero y dijo que su oficina “está empeñada en llevar ante el banquillo de los tribunales a los responsables de ordenar este lamentable y trágico hecho ocurrido durante el conflicto armado”.
Agregó que la Procuraduría General de la República “está impulsando la búsqueda de la verdad, la búsqueda de justicia, la reparación de las víctimas” y una cultura en la cual ese tipo de “hechos lamentables” no se repitan.
Los cargos contra Cristiani y los demás sospechosos aparentemente incluyen asesinato, terrorismo y conspiración, según la agencia de noticias The Associated Press.
Miembros de la Iglesia Católica aparecen en esta foto de archivo cerca de los cuerpos de sacerdotes jesuitas asesinados el 16 de noviembre de 1989 en San Salvador, El Salvador. El expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani y exsoldados fueron acusados el 25 de febrero de participar en sus asesinatos. (Foto CNS/Reuters)
Cristiani, que tiene un título en administración de empresas de la Universidad de Georgetown, dirigida por los jesuitas, en Washington, D.C., ha negado cualquier participación en los asesinatos que ocurrieron el 16 de noviembre de 1989. Se desempeñó como presidente de 1989 a 1994.
Los intentos de obtener justicia en El Salvador para el caso de los jesuitas asesinados han resultado imposibles en ocasiones. Pero en enero, la corte suprema del país ordenó la reapertura del caso de los asesinatos y falló favorablemente a una petición del fiscal general.
Dos ex soldados fueron condenados en 1991 por su papel en los crímenes, pero posteriormente fueron liberados después de que se aprobara una amnistía ese mismo año. Uno de los soldados, el coronel Guillermo Benavides, fue reencarcelado en 2016 después de que la amnistía fuera declarada inconstitucional.
Otro exsoldado, el coronel Inocente Orlando Montano, fue condenado por un tribunal español en 2020 por cinco de los asesinatos (cinco de los jesuitas eran españoles) y sentenciado a 133 años y cuatro meses de prisión. El tribunal calificó el crimen como un acto de “terrorismo de Estado” en el que participó la máxima cúpula militar y el entonces presidente.
Almudena Bernabeu, la fiscal principal que estuvo a cargo del caso durante 12 años, le dijo a Catholic News Service después del juicio que Cristiani “estaba protegiendo activamente a los soldados y ocultando pruebas”.
El padre jesuita Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana, dijo al medio El Faro en febrero: “La participación del expresidente Cristiani, como la del resto de los imputados, debe ser esclarecida en el proceso judicial de El Salvador”.
Agregó que la universidad “está interesada en conocer la verdad, en un juicio que se lleve a cabo con todas las garantías del debido proceso, sin importar quienes resulten responsables” de los crímenes.
Imagen destacada: Estudiantes sostienen un retrato del padre jesuita Ignacio Ellacuria el 11 de noviembre de 2017 en la Universidad Centroamericana de San Salvador, El Salvador, antes de una procesión que conmemora el 28º aniversario del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos empleados asesinados en 1989 durante la guerra civil en El Salvador. (Foto CNS/José Cabezas, Reuters)
