Un informe del Consejo Misionero Indígena (CIMI) de los obispos brasileños describe un récord de ataques contra comunidades indígenas como un reflejo del “ambiente institucional de ofensiva contra los derechos constitucionales de los pueblos originarios”. Datos de 2021 indican que invasiones y la minería en tierras indígenas aumentaron 180 % desde que Jair Bolsonaro asumiera la presidencia en 2019. La constitución brasileña, que desde 1988 reconoce los derechos indígenas a la tierra, estableció un período para demarcar todas las tierras indígenas, pero hay 800 territorios en espera de reconocimiento oficial por parte del gobierno. Sin embargo, se ha certificado ranchos y grandes hoteles de lujo en áreas que contienen acres en territorios indígenas. CIMI dice que la agencia de protección indígena del gobierno, FUNAI, ahora se ha “transformado de una agencia de protección a una que expone a los pueblos y territorios indígenas a diferentes violaciones.”
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