Por Kimberley Heatherington
(OSV News) — Para los fieles de todo el mundo, acostumbrados a los informes sobre la crisis actual de vocaciones, el anuncio del Vaticano en marzo de 2023 de que el número mundial de seminaristas, sacerdotes, y hombres y mujeres en órdenes religiosas ha disminuido no los tomó por sorpresa.
Sin embargo, en una revelación particularmente impactante para los católicos estadounidenses, el gobierno federal anunció ese mismo mes en un Registro Federal un cambio de procedimiento en la forma en que procesa las tarjetas de residencia para trabajadores religiosos nacidos en el extranjero.
Tal tecnicismo burocrático puede parecer poco notable, pero su implicación práctica es que — combinado con un número cada vez menor de personas nativas respondiendo al llamado vocacional y una inmigración históricamente alta — algunos sacerdotes y hermanas y hermanos religiosos nacidos en el extranjero de los que dependen las diócesis estadounidenses tal vez no puedan permanecer en el país.
“Hemos tenido varias conversaciones con el Departamento de Estado; el Departamento de Seguridad Nacional; la Casa Blanca”, expresó el abogado David Spicer, asesor principal de políticas para Servicios de Migración y Refugiados en la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (o USCCB, por sus siglas en inglés), “así como reuniones con miembros del Congreso y su personal para discutir estos temas actuales y el impacto de este cambio reciente”.
Para convertirse en residentes permanentes de Estados Unidos (y tal vez, eventualmente, en ciudadanos), los inmigrantes solicitan documentos llamados tarjetas de residencia o “green cards”. Para los sacerdotes y religiosos, la solicitud suele realizarse a través de la diócesis a la que sirven. El Congreso de Estados Unidos establece un límite anual para las tarjetas de residencia, separando a los inmigrantes potenciales en categorías relacionadas con las relaciones familiares y las habilidades.
El sistema existente ya era complicado.
Luego, como informó The Associated Press el 29 de septiembre, el Departamento de Estado reveló que, “durante casi siete años, había estado colocando en la fila equivocada decenas de miles de solicitudes para menores abandonados o abusados de Guatemala, Honduras, y El Salvador, y desde ahora empezaría a agregarlos a la lista general con el clero”.
“Desde mediados de la década de 2010”, continuó AP, “un número creciente de jóvenes de estos países han solicitado tarjetas de residencia o asilo humanitario después de cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Este cambio significa que, actualmente, solo se procesan las solicitudes presentadas antes de enero de 2019″.
Y si mientras tanto una visa existente expira, el inmigrante debe irse.
“Desde que se hizo ese cambio y se amplió el retraso, básicamente resultó en que los trabajadores religiosos tuvieran que esperar, en lugar de un poco más de un año, a más de cinco años”, explicó Spicer. “Esto ha impactado la planificación de las diócesis en todo Estados Unidos; las comunidades religiosas; y otras que dependen no sólo de los sacerdotes que vienen del extranjero, sino también de muchos otros trabajadores religiosos”.
En respuesta, la USCCB insta al Congreso apoyar la Ley de Protección de Jóvenes Inmigrantes Vulnerables (S. 1885/H.R. 4285), que se introdujo en junio.
Como escribió en julio el obispo Mark J. Seitz de El Paso, Texas, presidente del Comité de Migración de la USCCB, a los miembros del Congreso: “Este sencillo proyecto de ley mejoraría significativamente el acceso a un estatus legal permanente para los jóvenes elegibles que ahora se encuentran sujetos a años de retraso en la obtención de visas, incapaces de recibir las protecciones que les corresponden, eximiéndolos de los límites anuales para la categoría de visa de cuarta preferencia (EB-4) basada en el empleo”.
“Al mismo tiempo”, continuó el obispo Seitz, “liberaría esas visas limitadas para trabajadores religiosos nacidos en el extranjero y otras personas que dependen de ellas para servir a las comunidades estadounidenses”.
En la actualidad, el sitio web de referencia legislativa GovTrack pronostica que la Ley de Protección de Jóvenes Inmigrantes Vulnerables tiene un “2% de posibilidades de ser aprobada por el comité” y un “0% de posibilidades de ser promulgada”.
Es una problemática cruel para una Iglesia dedicada a ayudar a inmigrantes y refugiados, que, al mismo tiempo, está atrapada en medio de su propia tendencia de disminución de sacerdotes y religiosos nativos — una tendencia que continuará en el futuro previsible, ya que nuevas ordenaciones y profesiones religiosas no están ni cerca del nivel de reemplazo necesario y la población estadounidense católica de 62 millones aumenta.
“Es difícil entender por qué, en la década de 1990, el Congreso decidió agrupar a estos niños vulnerables con trabajadores religiosos y otros”, expresó Spicer, “dado que los niños en sí no son de ninguna manera inmigrantes basados en el empleo. Pero así es como el Congreso, en su sabiduría, decidió proceder con eso”.
La USCCB también solicita cambios administrativos que el poder ejecutivo podría promulgar, independientemente del Congreso. Eso “ayudaría a brindar cierto alivio”, manifestó Spicer, “aunque, en última instancia, no es la solución que necesitamos del Congreso”.
El Estudio Nacional de Sacerdotes Católicos, publicado en 2022 por el Proyecto Católico de la Universidad Católica de América, indicó que el 24% de los sacerdotes que sirven en Estados Unidos nacieron en el extranjero.
De los sacerdotes de Estados Unidos nacidos en el extranjero, un 15% fue ordenado fuera del país, explicó Brandon Vaidyanathan, profesor asociado y presidente del Departamento de Sociología de la Universidad Católica quien fue el investigador principal del estudio.
“Si asumimos, por ejemplo, que los sacerdotes ordenados en el extranjero reciben en gran medida visas, eso es una gran parte del 15%, considerando simplemente la escasez de sacerdotes y el número de cierres de parroquias”, dijo Vaidyanathan. “Un solo sacerdote a veces es responsable de tres a cinco parroquias, por lo que se puede imaginar que esa situación, perder entre el 10 y el 15% de sus sacerdotes, se convierte en una crisis seria”.
Además, la Iglesia cuenta con varios sacerdotes nacidos en el extranjero que llegaron a Estados Unidos como seminaristas, fueron ordenados en Estados Unidos, y también están sujetos a renovaciones de visa.
Si bien el estudio no registró el estado de la visa o la tarjeta de residencia, “como anécdota, se puede ver que en casi todas las diócesis a las que se va hay varios sacerdotes nacidos en el extranjero”, observó Vaidyanathan. “Tal vez estén de visita, o tal vez estén allí por un período más largo, pero la diócesis no puede funcionar sin ellos”.
La muestra de OSV News de algunas diócesis estadounidenses seleccionadas indicó un impacto creciente de la situación de las tarjetas de residencia y las visas.
“Estamos preocupados por la inesperada fila de espera para nuestros sacerdotes nacidos en el extranjero”, dijo el obispo William M. Joensen de la Diócesis de Des Moines, Iowa, destacando también “los dones de las vocaciones nacidas en el extranjero”.
“Estos sacerdotes nos ayudan a servir a nuestras dinámicas poblaciones de inmigrantes y a brindar una nueva perspectiva a todos los fieles”, agregó el obispo Joensen, “a menudo ayudan a mantener abiertas las parroquias o a realizar servicios vitales, como las capellanías”.
La oficina de comunicaciones de la Diócesis de Des Moines informó a OSV News que la diócesis tiene 35 sacerdotes nacidos en el extranjero pendientes de algún nivel de aprobación de estatus migratorio; hay aproximadamente 77 sacerdotes en ministerio activo.
“Estamos trabajando con asesores legales para gestionar la nueva interpretación del gobierno de las reglas relativas a las colas de espera de inmigración”, explicó el obispo Joensen. “Ha creado incertidumbre para quienes ya están en el proceso y un verdadero desafío para satisfacer las necesidades actuales de nuestra diócesis. Una solución de la administración o del Congreso sería una buena noticia”.
“Ya ha tenido un impacto aquí en nuestra arquidiócesis”, acotó el padre Michael Tix, vicario general de la Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis.
“Por ejemplo, tuvimos un sacerdote — (que tenía) el mismo problema con la tarjeta de residencia — que de otro modo habría tenido que regresar a casa por un año. Es un sacerdote de una orden religiosa, y la orden religiosa acaba de asignarlo a una parroquia en Canadá”, compartió el padre Tix. “Así que no se trata simplemente de ‘irse por un año’, sino que no volverá”.
En octubre de 2019, el Minneapolis Star Tribune informó que “más de 50 de los 203 sacerdotes de tiempo completo activos en la Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis” procedían de otros países.
“Los sacerdotes internacionales que sirven en nuestras parroquias … sin ellos, simplemente no tenemos los números para cubrir todo”, reflexionó el padre Tix.
“Uno lo intenta lo mejor que puede, y Dios bendiga a los sacerdotes a los que se les pide que se sumen y hagan un esfuerzo adicional; porque lo están haciendo”, señaló. “Pero sólo se puede pedir a la gente hacer más hasta cierto punto”.
En la Diócesis de Columbus, Ohio, 50 de los 145 sacerdotes actualmente activos (aproximadamente el 35%) nacieron en el extranjero, según Anne Streitenberger, directora de recursos humanos de la diócesis.
Streitenberger se muestra contundente sobre el cambio de procedimiento: “Perderemos oportunidades para (tener) buenos sacerdotes en nuestra diócesis”.
Si bien las visas de estudiante para quienes estudian en el Pontificio Colegio Josephinum en Columbus a veces pueden ofrecer una solución alternativa, las opciones no están exentas de costos.
Y como centro de refugiados, Columbus tiene una necesidad distintiva de trabajadores religiosos.
“La religión es muy importante para los refugiados aquí; lo he visto”, señaló Streitenberger. “La religión parece ser lo más importante que los une a todos. Y si su líder no puede llegar aquí antes que ellos, puede que les cueste adaptarse”.
El día que Susan Montalvo-Gesser, abogada y directora de Caridades Católicas en la Diócesis de Owensboro, Kentucky, habló con OSV News, acababa de pasar casi cinco horas tratando de ayudar a un sacerdote a resolver la expiración de su visa de emergencia.
Cuando se enteró por primera vez del retraso de cinco años en el procesamiento de solicitudes de tarjeta de residencia, Montalvo-Gesser admite: “Inmediatamente entré en pánico”.
En 2022, el obispo William F. Medley le dijo al Owensboro Messenger-Inquirer que 30 de las 78 parroquias de su diócesis tienen sacerdotes nacidos en el extranjero.
Montalvo-Gesser estima que la diócesis podría perder hasta seis sacerdotes, además de hermanas.
“Ya tuvimos que decirle a una de nuestras hermanas religiosas que la íbamos a perder, y ella ha hecho un gran trabajo”, dijo Montalvo-Gesser, señalando que no hay otras opciones dado el vencimiento de su visa y los retrasos en el procesamiento. “No podemos cubrir esa brecha y ella tendrá que irse por un año”.
El reclutamiento pastoral y la continuidad de la planificación se vuelven casi imposibles, compartió Montalvo-Gesser.
“Que nuestro obispo vaya a otra diócesis en un país y diga: ‘Oye, ven a Kentucky, donde podemos capacitarte y podrás acostumbrarte a esa población y servir acompañándola, pero es posible que tengas que regresar en cinco años'”, dijo Montalvo-Gesser, “crea inseguridad y es muy difícil. Sólo espero y rezo para que lo solucionen”.
Imagen destacada: En una foto de archivo, varias personas de pie en las escaleras de la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. en Nueva York. El gobierno federal ha introducido un cambio de procedimiento en la tramitación de las tarjetas de residencia para los trabajadores religiosos nacidos en el extranjero, lo que significa que algunos sacerdotes y religiosos nacidos en el extranjero a los que recurren las diócesis estadounidenses no podrán permanecer en el país. (OSV News/Keith Bedford, Reuters)
