Por Thomas Milz, OSV News
BRASILIA, Brasil (OSV News) — A pesar de las esperanzas de que la situación de los indígenas de Brasil mejorara bajo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió el cargo en 2023, un nuevo informe muestra que la violencia aumentó significativamente en 2023.
El Consejo Indígena Misionero de los obispos brasileños, conocido por su sigla portuguesa CIMI, publicó el 22 de julio su informe anual 2023 sobre la situación de los pueblos indígenas “con profunda tristeza” ante el aumento del número de ataques violentos, explicó el cardenal Leonardo Steiner de Manaos al presentar Informe del CIMI en Brasilia, la capital del país.
Las comunidades tradicionales y los pequeños agricultores han estado luchando en su mayoría contra la violencia relacionada con una lucha por sus territorios durante las últimas décadas, a pesar del apoyo que se encuentra en la constitución promulgada en 1988. El documento determinó que a todos los pueblos indígenas se les deberían otorgar oficialmente sus tierras dentro de cinco años — algo que no se ha hecho — y estableció varias reglas para el programa de reforma agraria del gobierno.
Ante el fracaso de las administraciones posteriores a la hora de atender a esas comunidades, las disputas por la tierra, el agua y los bosques han aumentado cada vez más a lo largo de los años. Durante la administración del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), estos problemas se intensificaron enormemente con su apoyo a los grileiros (o acaparadores de tierras) y otros invasores de tierras y su decisión de no otorgar tierras a los pueblos originarios y a los trabajadores rurales sin tierra.
Reporte del CIMI recoge alarmantes cifras
Lula había prometido durante la campaña presidencial de 2022 que garantizaría los derechos de los pueblos indígenas y apoyaría a los trabajadores sin tierra. Pero el primer año de su mandato ha sido decepcionante para muchos.
El presidente creó un Ministerio de los Pueblos Indígenas y anunció que los intrusos que tienen fines de lucro, como los buscadores de oro, serían expulsados de la reserva yanomami. Los yanomami son la tribu relativamente aislada más grande de América del Sur. Viven en las selvas tropicales y montañas del norte de Brasil y el sur de Venezuela. Los yanomami están siendo asesinados mientras su territorio es invadido por miles de mineros de oro ilegales. Lula lo ha declarado “un genocidio”.
Aunque el gobierno de Lula volvió a intensificar los controles estatales y tomó medidas contra personas y grupos que atacaban a los pueblos indígenas y sus territorios, la violencia continúa aumentando.
Si bien el número de asesinatos en todo Brasil se redujo un 3,4% en 2023, los homicidios contra indígenas aumentaron más de un 15% a 208 casos. Desde que el CIMI comenzó a recopilar estadísticas en 2014, solo en 2020 se han producido más asesinatos de indígenas (216). Las cifras más altas provienen de los estados de Roraima (47), Mato Grosso do Sul (43) y Amazonas (36).
Además, se registraron 180 suicidios de indígenas, un aumento significativo con respecto a los 115 de 2022. El número de muertes de niños indígenas de hasta 4 años también aumentó significativamente, de 835 a 1.040. CIMI atribuye la mayoría de las muertes infantiles a una atención sanitaria deficiente, como la falta de vacunación.
El secretario ejecutivo del CIMI, Luis Ventura Fernández, describió el informe anual en la conferencia de prensa del 22 de julio como una llamada de atención y una advertencia. Dijo que se debe visibilizar la realidad en las zonas indígenas y que las autoridades deben brindar protección.
“Cada vez que ha tenido que elegir entre intereses económicos y derechos legítimos de los pueblos originarios, siempre ha sacrificado estos últimos”, afirmó, criticando al gobierno.
Derechos indígenas en conflicto con industrias
La integridad territorial de las reservas indígenas ha sido violada en 1.276 casos, según el informe. También está en marcha una batalla legal — exigida por el poderoso lobby agrícola en el parlamento — para cancelar la ley que entró en vigor en la Constitución de 1988 y que preveía que los pueblos indígenas recuperaran todos los territorios que perdieron antes de 1988.
Aunque Lula detuvo una propuesta del grupo parlamentario, su veto fue anulado en el parlamento. El gobierno Lula tampoco ha avanzado tanto como estaba previsto en la creación de nuevas reservas. Aunque se designaron ocho nuevas áreas, Lula había prometido 14 al inicio de su presidencia.
El informe de CIMI señala que sus ganancias financieras están impidiendo que el gobierno tome más medidas.
“El interés gubernamental en la extracción de petróleo en la región de la desembocadura del Amazonas, la prioridad presupuestaria otorgada al agronegocio y el apoyo a grandes proyectos de infraestructura y minería en conflicto con los Pueblos Indígenas, como el ferrocarril ‘Ferrogrão’, y la minería en el territorio del pueblo Mura en el Amazonas, agravó el panorama de esperanzas frustradas”, dijo el informe.
De las 1.381 reclamaciones territoriales indígenas, 850, o el 62%, todavía estaban esperando una solución final, según el informe.
El Ministerio de los Pueblos Indígenas de Lula reaccionó a las duras críticas culpando al gobierno anterior, diciendo que había dejado atrás un “escenario de destrucción”.
Imagen destacada: Una niña yanomami en Brasil observa mientras un equipo médico del ejército brasileño examina a miembros de la tribu en el estado de Roraima, el 1 de julio del 2020 durante la pandemia del COVID-19. (OSV/Adriano Machado, Reuters)
