Por Kimberley Heatherington, OSV News
(OSV News) — Es uno de los temas más divisivos de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024: la inmigración.
La organización de encuestas Gallup informó en julio — antes de la recta final de la campaña — que los adultos estadounidenses, por un margen de 55% a 41%, desearían que disminuyera la inmigración a Estados Unidos.
“Es la primera vez desde 2005”, afirma Gallup, “que una mayoría de estadounidenses desea que haya menos inmigración, y la cifra de hoy es el mayor porcentaje que mantiene esa opinión desde una marca del 58% en 2001. El máximo histórico fue del 65%, registrado en 1993 y 1995″.
Si bien los estadounidenses se dirigen a las urnas el 5 de noviembre, aún no está claro qué candidato presidencial o partido prevalecerá, y con el resultado, qué políticas de inmigración propuestas se promulgarán finalmente.
La política de inmigración del candidato republicano, el expresidente Donald J. Trump, es evidente en las “Promesas básicas” de su campaña, la primera y la segunda de las cuales son: “Sellar la frontera y detener la invasión de inmigrantes” y “llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos”.
Más abajo en su lista, Trump se compromete a “detener la epidemia de delincuencia de migrantes, demoler los cárteles extranjeros de la droga, aplastar la violencia de las bandas y encerrar a los delincuentes violentos”. La plataforma del Partido Republicano menciona además una estricta verificación de antecedentes, el fin de las ciudades santuario (jurisdicciones locales que prohíben a las fuerzas del orden cooperar con las fuerzas federales de inmigración) y garantías de que el sistema de inmigración legal esté “basado en el mérito”, elimina la “migración en cadena” (el término se utiliza a menudo para referirse al patrocinio de visados de inmigración para miembros de la familia extendida) y “pone a los trabajadores estadounidenses en primer lugar”.
El sitio web de la campaña de la candidata demócrata la vicepresidenta Kamala Harris, promete “asegurar nuestras fronteras y arreglar nuestro sistema de inmigración obsoleto”, “hacer frente a la crisis de los opioides y el fentanilo” y “mantener nuestras comunidades a salvo de la violencia armada y el crimen”.
Harris ha subrayado repetidamente que — como fiscal general de California — persiguió a bandas y cárteles. Como vicepresidenta, apoyó un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza — que, de ser elegida, prometió resucitar — y señala en su página web que “los cruces fronterizos están en el nivel más bajo en 4 años”. Harris también apoya la reforma del sistema de inmigración de Estados Unidos, haciendo hincapié en una “fuerte seguridad fronteriza” y “una vía ganada a la ciudadanía”.
La plataforma del Partido Demócrata promete además ampliar la inmigración legal, mantener unidas a las familias mientras los inmigrantes indocumentados que han estado por mucho tiempo puedan buscar un camino hacia la ciudadanía, incluidos los “Dreamers” (soñadores), hijos de inmigrantes indocumentados a los que se permite permanecer en Estados Unidos a través del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).
Según el Centro de Investigaciones Pew, se estima que hay 11 millones de migrantes que viven y trabajan actualmente en Estados Unidos sin autorización legal, una cifra aún por debajo del máximo de 12.2 millones de 2007. Se calcula que la población estadounidense era de 335 millones a principios de 2024.
El 22 de octubre, la Patrulla Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) publicó cifras sobre el año fiscal 2024, indicando que sus datos preliminares muestran que el Departamento de Seguridad Nacional “completó más de 700.000 expulsiones y repatriaciones, más que cualquier año fiscal anterior desde 2010”. También declaró que el “número estimado de fugas de migrantes — personas que cruzaron la frontera sin encontrarse con CBP — ha disminuido aproximadamente un 60% del año fiscal 2023 al año fiscal 2024”.
La enseñanza católica en juego
Aunque estas cifras puedan parecer una versión del progreso para los estadounidenses preocupados por la inmigración legal, la temperatura del discurso público sigue siendo alta.
“Desafortunadamente, este tema ha caído en la politización más amplia que está tomando como rehén a nuestra política”, dijo a OSV News Dylan Corbett, director ejecutivo del Instituto Fronterizo Esperanza (HOPE) en El Paso, Texas. “Pero precisamente por eso se necesita que los líderes políticos asuman su responsabilidad y presenten una visión, porque las contribuciones de los migrantes a nuestro país son numerosas”.
Corbett instó a los estadounidenses a reflexionar sobre el papel de las personas que han emigrado y su “responsabilidad social hacia ellos” para arreglar el sistema de inmigración.
“Somos un país construido sobre las contribuciones de los migrantes, ya sean contribuciones sociales, económicas o de fe”, subrayó. “Acabamos de salir de la pandemia, y muchos de los trabajadores esenciales eran migrantes; muchos de ellos eran indocumentados. Así que las personas que nos mantuvieron alimentados; las personas que nos mantuvieron sanos; que mantuvieron nuestra economía en marcha -un gran número de ellos eran migrantes”.
El Catecismo de la Iglesia Católica instruye: “Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen”.
Al mismo tiempo, la Iglesia también ha dejado claro que las leyes humanas también están sujetas a límites divinos conocidos por la razón humana. San Juan Pablo II en su encíclica “Veritatis Splendor” (“Esplendor de la verdad”) de 1993 y en su encíclica “Evangelium Vitae” (“El Evangelio de la vida”) de 1995 — citando las enseñanzas del Concilio Vaticano II en “Gaudium et Spes” (Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual) — ha citado la condena de las “deportaciones” entre otros actos específicos como ofensivos para la dignidad humana que “son ciertamente oprobios que, al corromper la civilización humana, deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador”.
El difunto pontífice subrayó su gravedad moral en “Veritatis Splendor” calificándolos de ejemplos de “mal intrínseco”, explicando que, independientemente de los motivos, estos actos “se configuran como no-ordenables a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona, creada a su imagen”.
Trump y Harris contrastan sobre lo que está en juego en materia de inmigración
J. Kevin Appleby — investigador principal de política y comunicaciones del Centro de Estudios Migratorios de Nueva York y ex director de política migratoria de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos – habló con OSV News sobre las objeciones morales de la Iglesia al plan de deportación masiva de Trump.
“Es un poco como la noche y el día. Con el señor Trump, viola claramente el principio básico de la enseñanza católica con su plan de deportación masiva. No solo perjudicará económicamente al país: destrozará familias y separará a los niños de sus padres”, dijo. “Y es exactamente lo contrario de lo que los obispos han defendido durante dos décadas”.
Según Pew, casi el 70% de los hogares con inmigrantes indocumentados son de “estatus mixto”, lo que significa que incluyen ciudadanos nacidos en EE.UU. o inmigrantes con estatus legal, y serían vulnerables a la ruptura por una deportación masiva.
El Consejo Estadounidense de Inmigración (American Immigration Council), organización no partidista con sede en Washington dedicada a la investigación y el análisis de la política de inmigración, también prevé que las deportaciones masivas podrían tener un impacto económico considerable, de entre 1.1 y 1.7 billones de dólares. Estima que el producto interno bruto anual de la nación se reduciría entre un 4.2% y un 6.8%, superando potencialmente la contracción del 4.2% del PIB causada por la Gran Recesión de 2007 — 2008
Appleby explicó que Harris, por el contrario, “se ha vuelto más conservadora en el tema”, incluso se ha vuelto “más partidaria del control fronterizo”.
“Ella sigue manteniendo que los indocumentados, por ejemplo, deberían tener la oportunidad de ganarse la ciudadanía”, dijo. Al mismo tiempo, dijo que el proyecto de ley fronteriza bipartidista que Harris está promoviendo “socavaría las protecciones de asilo para los solicitantes de asilo en la frontera — que es un principio importante de la enseñanza católica también”.
“Así que la conclusión es que, en este tema, nuestros líderes se están volviendo más restrictivos… y no están liderando la cuestión”, reflexionó Appleby. “Lo están politizando aún más que en el pasado”.
Enfoques sobre la deportación masiva
Andrew Arthur, ex juez de inmigración y becario residente en Derecho y Política en el Centro de Estudios de Inmigración en Washington, un experto en seguridad nacional e inmigración reconocido internacionalmente, dijo a OSV News que él no cree que el “programa de deportación masiva” de Trump vaya a implicar la dramática imagen de “armas desenfundadas y sirenas sonando y niños llorando”.
“Pero como una cuestión práctica — y me he dedicado a la aplicación de las leyes de inmigración por más de tres décadas — esa no es por lo general la forma en que se hace”, dijo Arthur. “En la mayoría de los casos de individuos que están aquí ilegalmente, ICE llama a la puerta y se van con ellos o responden a una carta”.
Y añadió: “Realmente, la única cuestión es la voluntad de hacerlo. Ahora mismo, hay consenso popular en que es algo que hay que hacer”.
Arthur también considera que un programa de amnistía sería un componente de cualquier expulsión masiva.
“Preveo que, si se emprendiera actualmente algún tipo de programa de aplicación de la ley, iría acompañado de algún tipo de amnistía”, añadió. “El tamaño de esa amnistía hay que determinarlo. Pero podría verla fácilmente entre 2 y 4 millones de personas que están aquí”.
Trump no ha mencionado un programa de amnistía en la campaña, y en junio, su campaña acusó al presidente Joe Biden de comprometerse en un “plan de amnistía masiva” al adoptar medidas ejecutivas que permitieron a las familias de estatus mixto permanecer unidas, ayudando a los cónyuges e hijos no ciudadanos que cumplan con ciertos requerimientos a solicitar la residencia legal permanente sin salir primero de los EE.UU. La Casa Blanca dijo que la norma estaba destinada a beneficiar a “aproximadamente medio millón de cónyuges de ciudadanos estadounidenses y 50.000 niños no ciudadanos menores de 21 años con uno de sus padres casado con un ciudadano estadounidense”.
Pero Arthur dijo que el uso obligatorio universal del sistema E-Verify — una plataforma gubernamental en línea que verifica en tiempo real la elegibilidad de un posible empleado para trabajar en Estados Unidos — también podría presionar a muchos inmigrantes sin documentos a abandonar Estados Unidos.
“Si fuera obligatorio, probablemente privaría al gran número de personas que están aquí ilegalmente de la posibilidad de conseguir otro trabajo”, señaló. “La gente habla de las prestaciones a las que pueden acceder los inmigrantes, que son muy variadas. Pero la mayoría de los inmigrantes vienen a Estados Unidos ilegalmente no por las prestaciones, sino sobre todo para trabajar”, observó Arthur. “Y si no pueden trabajar, es muy probable que se vayan a casa”.
Un programa de registro obligatorio — que convierta la inmigración no autorizada y no registrada de un delito civil a uno penal, con penas de cárcel y multas — también tendría un impacto en la comunidad inmigrante.
“Habría, sin duda, incentivos reales para cumplirlo”, dijo Arthur, “y una real falta de incentivos para no hacerlo”.
Preocupaciones adicionales sobre la inmigración
Al mismo tiempo, hay indicios de que los migrantes actualmente autorizados para estar en el país podrían ver revocado su estatus legal bajo una segunda administración Trump. En una entrevista concedida el 2 de octubre a NewsNation, Trump prometió deportar a los inmigrantes haitianos que viven y trabajan legalmente en Springfield, Ohio, bajo el Estatus de Protección Temporal, y enviarlos de vuelta a Haití, que ha sido invadido por bandas violentas que han aterrorizado a la población — típicamente católica — del país. A los inmigrantes haitianos de Springfield también se les ha atribuido el mérito de impulsar el renacimiento económico de la ciudad, incluso cuando el municipio ha tenido que adaptarse a las demandas de infraestructuras tras décadas de declive demográfico.
El sacerdote de la Santa Cruz Daniel Groody, un experto reconocido internacionalmente en temas de migración y refugiados, y vicepresidente y vicerrector para la educación de pregrado en la Universidad de Notre Dame en Indiana, dijo a OSV News: “No hay un discurso realmente inteligente sobre la migración desde ninguna perspectiva política”.
Admitió que el tema de la migración no tiene “una solución mágica”, pero también dijo que veía un doble standard estadounidense en lo que se refiere a trabajo: “Queremos mano de obra inmigrante, pero no queremos inmigrantes”.
Dijo que es importante que los católicos reconozcan que si bien hay “un valor en tener fronteras” también hay “una comunidad humana más grande, una comunidad internacional, con la que estamos interconectados”.
“Lo que está en juego en la cuestión migratoria es nuestra propia humanidad“, subrayó el padre Groody. “Si no podemos ver la humanidad de quienes vienen a nosotros desde estos lugares difíciles, entonces tenemos un problema mayor en nuestro país que la inmigración”.
En última instancia, dijo el padre Groody — cuyo trabajo se ha centrado en Cristo como “el prototipo de inmigrante” — la fe debe informar la perspectiva y la conciencia del votante.
Imagen destacada: El muro fronterizo se ve al fondo mientras migrantes de América del Sur y Central buscan entregarse a los funcionarios de inmigración después de cruzar a Estados Unidos desde México en Ruby, Arizona, el 24 de junio de 2024. (OSV News/Adrees Latif, Reuters)
