Por Kate Scanlon, OSV News
WASHINGTON (OSV News) — Los obispos de Estados Unidos y un grupo católico dedicado a la defensa de los inmigrantes se encuentran entre quienes ofrecieron su apoyo a una demanda que impugna la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringe la ciudadanía por nacimiento.
La audiencia oral en el caso, Trump vs. Barbara, está programada para el 1 de abril.
A las pocas horas de regresar al Despacho Oval en enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que busca modificar la interpretación legal de larga data de la 14ª Enmienda, que establece: “Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en el que resida”.
La orden de Trump buscaba poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos de padres sin estatus legal o con visas temporales. De inmediato se presentaron demandas.
Anteriormente, la Corte Suprema limitó la capacidad de los jueces federales para emitir medidas cautelares de alcance nacional contra la orden mientras continúa el litigio, pero no abordó directamente la validez de la orden en sí.
Se presentaron una serie de escritos amicus curiae, también llamados “escritos de amigo de la corte”, tanto en apoyo como en oposición a la orden. Estos escritos son presentados por grupos o individuos que no son parte del caso, pero tienen interés en él y solicitan al tribunal que considere determinados argumentos.
La Iglesia en defensa de la dignidad de todos los niños nacidos en EE. UU.
Uno de esos escritos fue presentado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) y Catholic Legal Immigration Network Inc. (CLINIC).
En su escrito argumentaron que estaban “motivados por las enseñanzas de la Iglesia Católica”, incluyendo “la creencia central de que cada persona está dotada de una dignidad inviolable, y que toda vida humana, creada a imagen y semejanza de Dios, es sagrada”.
“Es a través de esta perspectiva que la Iglesia defiende ‘tratar a las personas con humanidad, tratar a las personas con la dignidad que poseen’”, sostuvo el escrito, citando comentarios del Papa León XIV en Castel Gandolfo el 18 de noviembre de 2025. “Estas enseñanzas se extienden a los inmigrantes en Estados Unidos sin estatus legal y a sus hijos estadounidenses nacidos en Estados Unidos”.
“El principio de la ciudadanía por nacimiento no solo está entretejido en la historia de nuestra nación y en la tradición occidental, sino que también es coherente con la enseñanza católica”, continuó el escrito. “La ciudadanía por nacimiento se alinea con la enseñanza de la Iglesia de que los seres humanos fueron creados como seres sociales y que la autoridad política está moralmente obligada a afirmar y proteger la dignidad inherente de cada persona humana en la comunidad. A su vez, la ciudadanía por nacimiento refleja el principio católico de subsidiariedad al reconocer a las personas como miembros de la comunidad desde su nacimiento, permitiendo así su participación en la vida cívica y asegurando que el poder del Estado esté al servicio de la persona humana como ser social”.
El escrito concluyó que “poner fin a la ciudadanía por nacimiento carece de apoyo histórico, legal, y moral”.
“El principio de la ciudadanía por nacimiento está firmemente arraigado en la tradición jurídica occidental, consagrado en la Decimocuarta Enmienda y reafirmado por los precedentes de esta Corte”, señaló. “También está igualmente fundamentado en las enseñanzas de la Iglesia, que afirman la dignidad inherente de toda persona humana, especialmente del niño inocente”.
“Como católicos, nuestra fe nos impulsa a protestar contra leyes que niegan la dignidad de la persona humana y perjudican a niños inocentes, particularmente cuando tales leyes resucitan las mismas injusticias que la Decimocuarta Enmienda fue promulgada para repudiar”, agregó. “En su esencia, este caso no es solo una cuestión sobre el estatus de ciudadanía o la Decimocuarta Enmienda. Es una cuestión de si la ley afirmará o negará el igual valor de quienes nacen dentro de nuestra comunidad común — si la ley protegerá la dignidad humana de todos los hijos de Dios”.
Grupos y expertos que apoyan la orden ejecutiva
Un escrito en apoyo de la orden ejecutiva presentado por el America First Policy Institute (AFPI), un centro de estudios que respalda políticas alineadas con Trump, argumentó que “tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tienen amplia autoridad constitucional sobre asuntos de inmigración y relaciones exteriores, y cuentan con extensos poderes relacionados con la defensa nacional y la soberanía”.
“En consecuencia, AFPI considera que ambos poderes del estado tienen la facultad y el deber de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de extranjeros en situación ilegal, turistas extranjeros, y extranjeros que se encuentran legalmente en Estados Unidos, pero de manera temporal”.
Otros amicus curiae, o aquellos que presentaron escritos, incluyeron miembros del Congreso, fiscales generales estatales, organizaciones jurídicas, y grupos de política migratoria.
Otro escrito, presentado por Evan D. Bernick y Jed H. Shugerman, profesores que se identificaron como académicos originalistas, señalo: “Durante casi todos los primeros 235 años bajo la Constitución, la ciudadanía de todo niño nacido en Estados Unidos de padres extranjeros, con excepciones irrelevantes, era un hecho asumido. Luego, en 2025, la administración Trump cambió de rumbo”.
La doctrina social católica sobre la inmigración equilibra tres principios interrelacionados: el derecho de las personas a migrar para sostener sus vidas y las de sus familias, el derecho de un país a regular sus fronteras y controlar la inmigración, y el deber de una nación de regular sus fronteras con justicia y misericordia.
Imagen destacada: Un manifestante sostiene una pancarta durante una protesta frente a la Suprema Corte el 15 de mayo de 2025, mientras los jueces escuchaban los argumentos orales en el caso Trump contra CASA, relacionado con la orden judicial de los tribunales inferiores que suspendía la orden ejecutiva de Trump del 20 de enero de 2025 para poner fin a la ciudadanía por nacimiento. En una decisión de 6 a 3, la Suprema Corte limitó el 27 de junio el alcance de los tribunales federales para bloquear las políticas presidenciales en todo el país. El 1 de abril de 2026, el tribunal escuchará los argumentos orales en el caso Trump contra Barbara, una impugnación de la orden que pone fin a la ciudadanía por nacimiento. (OSV News/Leah Millis, Reuters)
