Por Gina Christian, OSV News
(OSV News) — Dos obispos estadounidenses, que lideran los esfuerzos de los obispos católicos de EE.UU. en materia de defensa de la vida y migración, han comunicado al nuevo director del Departamento de Seguridad Nacional su “grave preocupación” por el trato que reciben las mujeres embarazadas y las que acaban de dar a luz en los centros de detención de inmigrantes.
“Existe un número creciente de informes alarmantes sobre madres gestantes que no reciben la atención médica que necesitan mientras se encuentran bajo detención migratoria, lo que, trágicamente, ha resultado en abortos espontáneos en algunos casos; asimismo, hay informes de madres lactantes que son separadas de sus bebés cuando son detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE)”, escribieron el obispo Daniel E. Thomas, de Toledo, Ohio, y el obispo Brendan J. Cahill, de Victoria, Texas, en una carta del 13 de abril dirigida al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.
Los dos prelados presiden, respectivamente, el Comité de Actividades Pro-Vida y el Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés).
Su carta sigue a una del 13 de febrero en la que más de 30 líderes provida instaron al presidente Donald Trump, a la predecesora de Mullin, Kristi Noem, y al director interino de ICE, Todd Lyons, a restablecer las directrices federales que evitarían en gran medida la detención de inmigrantes para las mujeres embarazadas y las madres primerizas.
“Grupos de defensa médica y los reportajes de investigación han documentado detenciones prolongadas de mujeres con embarazos de alto riesgo, retrasos en tratamientos de emergencia, abortos espontáneos y muertes fetales”, afirmaba la carta, cuyos firmantes abarcaban todo el espectro ideológico y religioso. “En pocas palabras, los niños no nacidos están muriendo a causa de esta política”.
Denuncian falta de atención médica y maltrato
Un nuevo informe conjunto de la Comisión de Mujeres Refugiadas y Médicos por los Derechos Humanos reveló que “ICE está violando su propia política de mantener juntos a padres e hijos”, al tiempo que “detiene a mujeres embarazadas y en posparto y no brinda atención médica adecuada a las mujeres embarazadas con afecciones que ponen en riesgo su vida”.
Entre las violaciones citadas en el informe se encontraban “maltrato, atención médica inadecuada, alimentación insuficiente y el uso de grilletes en mujeres embarazadas y en posparto durante la detención”.
Una mujer embarazada de 25 años entrevistada tras su deportación a Honduras contó a los autores del informe que había sangrado durante varios días mientras estuvo detenida, pero que no había recibido atención médica a pesar de haber solicitado ayuda en múltiples ocasiones.
Según el mismo informe, otra mujer fue deportada tras sufrir un aborto espontáneo sin recibir atención médica.
Además, una encuesta realizada por BabyCenter en febrero de 2026 a más de 500 mujeres embarazadas reveló que 1 de cada 5 afirmó que la actividad del ICE les había impedido buscar atención médica prenatal.
En su carta, el obispo Thomas y el obispo Cahill señalaron que los comités de la USCCB habían “expresado el año pasado su profunda preocupación por la revocación, por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) de las directrices sobre la atención a las madres embarazadas y en posparto o con niños recién nacidos y a sus bebés bajo su custodia”.
Separar a bebés lactantes de sus madres no tiene justificación
Sin embargo, señalaron que la política de ICE “sigue reconociendo la vulnerabilidad de estas mujeres y sus hijos al desalentar, en general, su arresto y detención”.
“Desafortunadamente, esa política parece ya no seguirse en la práctica”, agregaron. Los obispos instaron a ICE “a cumplir de manera consistente con la Directiva 11032.4, Identificación y Monitoreo de Personas Embarazadas, en el Posparto o en Lactancia, que ya está en vigor, y así evitar el arresto y la detención de madres embarazadas y en el posparto”, salvo en “circunstancias excepcionales” previstas en la directiva, tales como “preocupaciones de seguridad nacional o riesgo inminente de peligro físico para ellas mismas o para otros”.
“Hacerlo sería coherente con las recientes medidas a favor de la vida de esta Administración, incluidas aquellas que el Comité de Actividades Pro-Vida de la USCCB acogió con satisfacción explícitamente en enero”, dijeron los obispos, haciendo referencia a una declaración del 27 de enero en la que el obispo Thomas expresó su gratitud por las “múltiples medidas” adoptadas por la Administración Trump para proteger a los niños por nacer.
“Independientemente del estatus migratorio de una persona, no existe justificación alguna para separar a los bebés lactantes de sus madres o para poner en peligro la salud y la seguridad de las mujeres embarazadas o de sus bebés por nacer”, dijeron los obispos. “En este sentido, le instamos en los términos más enérgicos posibles a que extienda los compromisos de la Administración en materia de vida a todas las madres, bebés lactantes y niños vulnerables en el vientre materno”.
Imagen destacada: Una familia de migrantes cubanos, incluida una mujer embarazada, camina para entregarse a la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en Eagle Pass, Texas, el 29 de septiembre de 2023. La USCCB se pronunció el 13 de abril de 2026, después de que los informes que detallan las condiciones perjudiciales que enfrentan las madres embarazadas y puérperas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) se volvieran más frecuentes, dirigiéndose al nuevo director del Departamento de Seguridad Nacional para expresar su “grave preocupación” por el trato a las madres gestantes o con niños recién nacidos. (OSV News/Brian Snyder, Reuters)
