Organización apoyada por Maryknoll en el sur de Perú recibe premio de derechos humanos en Washington, D.C.

Por más de una década, la organización sin fines de lucro Derechos Humanos y Medio Ambiente (conocida como DHUMA) ha combinado educación y trabajo legal para defender los derechos de los pueblos quechua y aymara de Puno, Perú. “Esperamos que sus derechos no sólo sean reconocidos, sino respetados e implementados en el país”, dice la Hermana Maryknoll Patricia Ryan, de 72 años, quien ayudó a fundar la organización y se desempeña como su presidenta.

Según la organización, DHUMA está formada por miembros de la Iglesia del Sur Andino quienes, inspirados en la palabra de Dios, respaldan su labor en “una iglesia viva, evangelizadora, cercana al pueblo y su opción preferencial por los pobres y excluidos”. Este año, el trabajo de DHUMA recibió el Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt, un premio que lleva el nombre de activistas de derechos humanos que fueron asesinados en Washington, D.C., por el régimen de Augusto Pinochet.

Aunque su equipo se siente honrado por el premio, la hermana Ryan dice que su verdadera recompensa está en el éxito que DHUMA tiene al empoderar a los pueblos indígenas de Puno para defender sus derechos al agua limpia, a un medio ambiente sano y a su forma de vida. Algunos hitos recientes alcanzados por DHUMA en nombre de las comunidades indígenas incluyen dos decisiones legales históricas que defienden el derecho de las comunidades quechua y aymara a ser consultadas antes de que el gobierno otorgue concesiones mineras en sus tierras.

Las leyes peruanas y tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Perú en 1994, garantizan estos derechos. Pero, dice la hermana Ryan, a menudo son ignorados. “La oficina del gobierno (encargada de esto) aprueba la solicitud de concesiones mineras sin reconocer que esta tierra es el hogar de la gente. Es la fuente de su sostén y sustento”, dice la misionera. “(Las comunidades) nunca fueron informadas de que se hayan realizado reclamaciones mineras en sus territorios, y ciertamente nunca dieron su consentimiento”.

Estas concesiones mineras están en tierras donde familias indígenas han vivido por generaciones, incluyendo sus ríos, sus campos y, a veces, sitios que consideran sagrados. A menudo las comunidades no se enteran que sus tierras han sido concesionadas hasta que un topógrafo va a la zona antes de empezar el proyecto. La misionera agrega que el no consultar a las comunidades indígenas, cuya salud y medios de vida podrían verse afectados por los proyectos mineros, “hace que las comunidades sean invisibles”.

Hermana Patricia Ryan visita Atuncolla con el líder quechua Adrián Apaza Quispe (centro) y Cristóbal Yugra Villanueva, director de DHUMA.

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Miembra de DHUMA da taller sobre la defensa de los derechos de comunidades aymaras y quechua en Puno, Perú. (Nile Sprague/Perú)

El tema de las concesiones mineras, junto con las preocupaciones por la contaminación del agua, debido a las aguas residuales sin tratamiento, y la minería irresponsable en la región ha llevado a protestas y conflictos socio ambientales, dice la hermana Ryan. Informes recientes muestran que Puno es una de las regiones del Perú con más conflictos ambientales.

Algunas comunidades aymaras y quechuas en Puno, empoderadas por DHUMA, han estado tomando medidas legales no violentas para dar a conocer sus preocupaciones. “Conocer las leyes y cómo las instituciones pueden hacer valer sus derechos es su armadura”, dice José Bayardo Chata Pacoricona, uno de los abogados de DHUMA. “Pueden hacerse cargo de sus casos y pueden ser protagonistas en la defensa de sus derechos”.

En 2016, por ejemplo, los líderes aymaras y quechuas acompañaron a sus abogados de DHUMA a una audiencia judicial en la capital de Puno, después de que descubrieron que sus tierras habían sido concesionadas sin su conocimiento.

“Le pedimos al gobierno que nos reconozca como comunidades originarias y respete nuestros derechos como ciudadanos, como humanos, como comuneros”, dijo Laureano Apaza, un líder que representa a la comunidad aymara de Chila Pucara. “Vivimos de la agricultura y ganadería, así que para nosotros nuestro territorio comunal vale más que el oro”.

Otras 11 comunidades quechuas en Atuncolla buscaron a DHUMA al descubrir que casi el 100% de sus tierras estaban concesionadas. Ese año, el tribunal falló a favor de estas comunidades indígenas.

Esta decisión ayudó a allanar el camino para la decisión histórica obtenida en el caso de la comunidad aymara de Jatucachi en diciembre de 2017, donde el Tercer Juzgado Civil de Puno anuló 13 concesiones mineras previamente aprobadas, que habían sido obtenidas por compañías mineras internacionales y nacionales sin consultar a la gente que vive en Jatucachi. Esta decisión también reafirmó que el derecho a la consulta previa debe hacerse cumplir antes de que se pueda otorgar la aprobación para cualquier concesión minera en el país, lo que establece un precedente histórico en el Perú.

 

 

Fotos de la ceremonia de premiación del Institute for Policy Studies en Washington, D.C., donde miembros del equipo de DHUMA fueron reconocidos con el premio internacional Letelier-Moffitt. (Fotos cortesía del Institute for Policy Studies/Fotos por Lancer Photography @kaz_tography)

 

“Ahora las comunidades rurales pueden usar acciones de amparo como un mecanismo (legal) para hacer valer sus derechos en casos similares”, dice la hermana Ryan.

Después de estos éxitos, agrega, varios líderes van a la oficina de DHUMA y preguntan: “¿Dónde dice que tenemos derecho a ser consultados? ¿Pueden venir a nuestras comunidades y nos lo explicarías?”

Esto ha incrementado la demanda de otro aspecto clave de DHUMA: la educación. DHUMA tuvo que aumentar el número de talleres que organiza sobre los derechos indígenas y las leyes que protegen a las comunidades indígenas y la Madre Tierra (o Pachamama). Estos talleres se dan en los idiomas aymara, quechua y español.

Cuando su “dedicación a la promoción de la cultura, autonomía y autodeterminación indígena” fue reconocida en el Instituto de Estudios de Política en Washington, D.C., con el premio Letelier-Moffitt este octubre, la hermana Ryan estaba orgullosa de su equipo y su labor. También estaba orgullosa de los pueblos indígenas a los que acompañan, quienes ahora conocen sus derechos y hacen oír su voz.

 

 

 

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