El personal de los Misioneros Rurales de Filipinas (RPM), una organización de congregaciones religiosas, sacerdotes y trabajadores laicos que ayuda a las comunidades agrícolas y tribales pobres, han sido acusados de ser miembros del grupo armado comunista Nuevo Ejército Popular y de ser un “frente” del partido comunista. (Cortesía de Misioneros Rurales de Filipinas)
Este año, el personal de los Misioneros Rurales de Filipinas (RPM), una organización de congregaciones religiosas, sacerdotes y trabajadores laicos que ayuda a las comunidades agrícolas y tribales pobres, han sido acusados de ser miembros del grupo armado comunista Nuevo Ejército Popular y de ser un “frente” del partido comunista. Los misioneros rurales han recibido amenazas anónimas desde que el presidente Duterte declaró ley marcial en el área en 2017. Debido a las amenazas a RMP varios proyectos para comunidades indígenas remotas no se realizaron. En una declaración, RMP defendió a sus misioneros que fueron acusados de estar involucrados en atacar un campamento militar. La declaración dice: “… más que lo absurdo del caso, este paso del gobierno y los militares es muy peligroso. Desenmascara la verdadera esencia de la ley marcial: ayudar a los pobres significa poner en riesgo su vida y su libertad”.
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