Cerneka, una abogada pro bono, está representando los casos migratorios de dos mujeres que, junto con otras cuatro detenidas, presentaron con éxito una demanda federal contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las seis mujeres tenían un alto riesgo de infección y argumentaron que ICE las estaba haciendo vulnerables al no seguir las pautas de seguridad para COVID-19 emitidas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades para centros de detención.
Rosa, una de las dos clientes de Cerneka, es una ex estudiante de derecho de Guatemala. Estaba buscando asilo después de huir de las amenazas de muerte debido a su religión cristiana evangélica y su etnia indígena.
Mientras esperaba que se escuchara su caso, Rosa estuvo detenida en El Paso, Texas, donde desarrolló múltiples problemas de salud. El 7 de abril, solicitó salir de detención, pues tenía mayor riesgo de contraer COVID-19, algo que ICE debió tener en cuenta, dijo Cerneka. ICE negó su solicitud.
Cuando Rosa mostró síntomas y solicitó atención médica, le dijeron que “bebiera agua”.
El 20 de abril, Rosa comenzó a toser sangre y exigió hacerse una prueba de coronavirus, que dio positivo.
“Rosa me dijo: ‘Cuando salí de mi país, no tuve problemas de salud. Ahora tengo COVID-19 y muchos otros síntomas, y solo tengo 25 años’”, recordó Cerneka, quien trabaja en el Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas en El Paso.
(Meinrad Scherer-Emunds / Texas)
La misionera explicó que Mariela, quien tiene una visa estadounidense, ha visitado a su prometido y a su familia en El Paso desde 2012, sin violar nunca los requisitos de su visa. Sin embargo, cuando ella y su prometido regresaban de un viaje de un día a México a principios de este año, la patrulla fronteriza la detuvo y acusó de trabajar en los Estados Unidos. Fue detenida durante 10 semanas en espera de su deportación.
“Ella no es una amenaza para la sociedad”, dijo Cerneka. “Ni siquiera está en riesgo de tratar de quedarse aquí sin documentos; es dueña de negocios en Colombia. Sin embargo, sí corría el riesgo de contagiarse de COVID-19 y morir en detención”. Rosa, Mariela y las otras mujeres que demandaron a ICE habían sido detenidas en el Centro de Procesamiento de El Paso, donde, al 30 de abril, se confirmaron nueve casos de COVID-19. Las seis mujeres habían estado en contacto con otros detenidos que habían contraído COVID-19.
Según la demanda, las detenidas dormían en literas en habitaciones con docenas de personas. La demanda alega que no se observaba distanciamiento físico; las detenidas comían y socializaban en estrecho contacto y se les prohibía usar mascarillas para la cara. Y, según la demanda, antes del 17 de abril, ICE rara vez limpiaba los cuarteles y las áreas comunes.
Recientemente, las prisiones en los Estados Unidos y otros países han tratado de reducir la amenaza del coronavirus para sus poblaciones encarceladas liberando a aquellos que no han cometido delitos violentos o que todavía están esperando juicio, y cuya salud podría estar en riesgo.
Pero, en El Paso, dijo Cerneka, la detención para inmigrantes que no son peligrosos se ha mantenido prácticamente sin cambios.
Los abogados de las mujeres y de ICE resolvieron la demanda minutos antes de una audiencia a fines de abril. ICE acordó liberar a las mujeres, y ellas—liberadas el 29 de abril—acordaron cumplir con el programa de “alternativas a la detención”, que a veces incluye usar un monitor de tobillo. Tras su liberación, fueron examinadas para detectar COVID-19, se pusieron en cuarentena y pudieron recibir atención médica y reunirse con sus seres queridos de manera segura.
“Hoy celebramos su liberación, pero nunca deberían haber sido detenidas”, dijo Cerneka, y agregó que se cree que es la primera vez que ICE llega a un acuerdo en una demanda de este tipo. “Tomará años recuperar su salud, su sentido de confianza y seguridad después del trauma físico y emocional y el daño causado por la custodia innecesaria. La justicia retrasada es justicia denegada. La liberación de hoy de Mariela y Rosa es una justicia extremadamente retrasada para ellas”.
Las mujeres se quedarían hasta por dos semanas en Annunciation House de El Paso, que ha establecido un protocolo para COVID-19. Rubén García, el director del refugio, le dijo a El Paso Matters que estaban preparados para recibir a más detenidos de ICE, si la agencia acepta una liberación ordenada como parte de los esfuerzos para frenar las infecciones de COVID-19.
“Nos enorgullece representar a mujeres tan valientes. Lucharon porque ICE no las estaba protegiendo a ellas ni a las mujeres que las rodeaban”, dijo el abogado Christopher Benoit. “La liberación fue el único resultado seguro para estas mujeres. Si bien seguimos preocupados por los que permanecen detenidos, esperamos que ICE mantenga las mejoras en las condiciones en [el centro de detención] que se implementaron rápidamente después de que se presentó la demanda”.
En una carta dirigida a los jefes locales de las agencias de inmigración, seis legisladores estatales de El Paso los instaron “a planificar tanto la liberación de detenidos no violentos como los protocolos para evitar la propagación de COVID-19 dentro de sus instalaciones”. El 27 de abril, después de escuchar a varios expertos, el Tribunal de Comisionados de El Paso votó 4-1 a favor de una resolución que pide a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que prioricen la liberación inmediata de migrantes no violentos.
“Como personas de fe, debemos hacer lo correcto para con nuestras hermanas y hermanos, para nuestros vecinos, y no solo proteger nuestros propios hogares”, dijo Cerneka, quien ha sido misionera laica Maryknoll desde 1996 y ha servido en ministerios para mujeres encarceladas en Brasil y Kenya. “Debemos confiar en el Dios que nos guía, y debemos buscar justicia para cada uno de los seres queridos de Dios”.
Los Misioneros Laicos Maryknoll publicaron la versión original de este artículo.
Este artículo fue actualizado para la edición de Julio/Agosto de la revista Misioneros.
