Por Rhina Guidos (Catholic News Service)
CHALATENANGO, El Salvador (CNS) — Cuando el presidente electo Joe Biden asuma el cargo en enero emprenderá la búsqueda de una agenda política para Centroamérica que muchas organizaciones católicas han apoyado durante mucho tiempo.
Esta agenda política implica un plan de $4 mil millones para erradicar las condiciones que impulsan la inmigración, lo que incluye estimular el desarrollo económico y combatir la violencia y la corrupción gubernamental.
Si bien es dudoso que pueda impulsar la financiación en su totalidad si el Senado de Estados Unidos permanece en control republicano después de las elecciones de segunda vuelta en Georgia el 5 de enero, este plan contrasta profundamente con la estrategia actual de la administración de Donald Trump en la región.
Bajo el presidente Donald Trump, la política hacia Centroamérica y el país vecino de México se centró en gran medida en incentivos económicos y, a veces, amenazas contra los líderes políticos de la región para que detengan a los posibles migrantes a Estados Unidos o pierdan la ayuda económica.
Trump presionó a México, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que promulgue políticas más duras para los migrantes que pasan por el país en su camino hacia el norte, incluyendo la limitación de documentos de viaje e implementación de deportaciones a gran escala para ciudadanos de Honduras, Guatemala y El Salvador, de donde la mayor parte de migrantes vienen para dirigirse a EE.UU.
En diciembre de 2019, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, en una entrevista con el programa de noticias “60 Minutos” de CBS, expresó que había llegado a un acuerdo con la administración de Trump para acoger a solicitantes de asilo de otros países, manteniéndolos en El Salvador, incluso aunque el país no estaba preparado para hacerlo (estaban en juego $51 millones en ayuda de Estados Unidos).
El expresidente de Guatemala también llegó a un acuerdo con la administración para designar a ese país como un “tercer país seguro”, lo que significa que los migrantes que pasan por Guatemala y se dirigen al norte deben primero buscar asilo allí en lugar de dirigirse a Estados Unidos. Un acuerdo similar también fue extendido a Honduras.
Sin embargo, estos tres países, a los que se hace referencia como el “Triángulo del Norte“, tienen de las incidencias más altas de violencia en el mundo para ser naciones que no se encuentran en guerra.
Biden, a su vez, habla de un plan que se enfoca menos en la aplicación de presión y más en mejorar la situación económica de quienes viven en la región como un medio para disuadir la inmigración.
“Actualmente, el Triángulo del Norte enfrenta enormes desafíos de violencia, organizaciones criminales transnacionales, pobreza e instituciones públicas corruptas e ineficaces”, comunicó el equipo de Biden en su plan publicado para “fortalecer los lazos con Centroamérica”.
“Esto está obligando a demasiadas familias, niños y adultos no acompañados”, decía el plan, “a tomar una decisión insostenible: dejar atrás todo lo que saben y emprender un peligroso viaje para buscar una vida mejor, o quedarse y vivir bajo la constante amenaza de violencia, persecución, desesperanza o incluso la muerte”.
Incluso antes de los acontecimientos mundiales actuales, la región necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener. Como si las realidades económicas de alto desempleo, las bajas tasas de educación, y la corrupción institucional no hubieran sido ya una batalla difícil de dar, los cierres del COVID-19 han azotado aún más las tambaleantes economías de la región, junto con una serie de tormentas tropicales consecutivas que han destruido cultivos e infraestructura.
En una carta del 10 de diciembre dirigida a Biden, y firmada por el cardenal Álvaro Leonel Ramazzini Imeri de Huehuetenango, Guatemala, y el obispo Mark J. Seitz de El Paso, Texas, organizaciones de base, organizaciones religiosas, y otros prelados pidieron a la nueva administración que cambiara el rumbo actual.
“Al criminalizar la migración, militarizar la región fronteriza y utilizar la ayuda para intimidar a nuestros vecinos, la actual administración estadounidense ha contribuido al sufrimiento y al aumento de los niveles de corrupción, violencia, inseguridad económica y hambre en Centroamérica y México”, declaraba la carta.
“Los huracanes Eta e Iota, que han tenido un impacto catastrófico en Honduras y Guatemala debido al cambio climático, solo han causado más dolor y presión para migrar … debemos hacer más que regresar a 2016”, decía la carta. “Debemos cambiar fundamentalmente la forma en que Estados Unidos se relaciona con Centroamérica”.
Aunque es una tarea trascendental, es una que Biden abordó con cierto grado de éxito como vicepresidente bajo la administración de Barack Obama.
“Los desafíos que tenemos por delante son formidables. Pero si existe la voluntad política no hay razón para que Centroamérica no pueda convertirse en la próxima gran historia de éxito del hemisferio occidental”, dijo en un artículo de opinión de 2015 en The New York Times.
El presidente electo Joe Biden se quita la mascarilla en su sede de transición en Wilmington, Delaware, el 9 de diciembre de 2020 (Foto CNS / Kevin Lamarque, Reuters)
Ese año, él pudo reunir suficientes votos bipartidistas para apoyar un paquete de ayuda de $750 millones para la región.
La carta de diciembre firmada por los líderes católicos recomienda que la administración de Biden proporcione:
— Apoyo en forma de ayuda económica, tanto de EE.UU. como de socios internacionales.
— Crear empleos bien remunerados y mejorar la educación para que los jóvenes no tengan que abandonar sus países de origen.
— Desalentar la corrupción en las instituciones y controlar la violencia, tanto intrafamiliar como llevada a cabo por instituciones gubernamentales.
— Convocatoria de protección ambiental y desmilitarización.
— Crear una red más amplia de “vías legales para que las personas de Centroamérica migren de manera segura”.
“En cada migrante que busca refugio en la frontera entre Estados Unidos y México, Dios nos llama a escuchar el grito de los pobres y el grito de la tierra en las Américas”, expresó el obispo Seitz de El Paso en un comunicado de prensa del Hope Border Institute, que también participó en la labor de dirigirse a Biden.
“Jesús nos llama a la solidaridad con los jóvenes que no pueden encontrar trabajo, las familias aterrorizadas por el crimen, las comunidades indígenas expulsadas de sus tierras, y los defensores de derechos humanos que trabajan para construir una sociedad más justa en Centroamérica”, acotó el obispo.
“Es hora de pasar página sobre la construcción de muros, la detención y la deportación, y finalmente asumir nuestra responsabilidad como país de abordar honesta y audazmente las causas fundamentales de la migración”, agregó
Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute, ve este posible nuevo camino como una “oportunidad generacional para pasar página en la política de Centroamérica”.
“Nuestro mensaje al presidente electo Biden es claro: si nos tomamos en serio el abordar las causas fundamentales de la migración, debemos cambiar fundamentalmente la forma en que Estados Unidos se relaciona con la región”, dijo. “Necesitamos formas seguras y legales para que las personas se reúnan con sus familias, trabajen y busquen refugio, y debemos rechazar la militarización de las fronteras y la criminalización de los migrantes”.
Esta es una postura que a menudo adoptan los obispos católicos de la Conferencia de Estados Unidos, organizaciones como la Red Católica de Inmigración Legal y grupos como las Hermanas de la Misericordia, como también muchos otros cuyos llamados contra el castigo de los migrantes y para el arreglo de las condiciones sociales en Centroamérica han sido desatendidos los últimos años.
En su informe de noviembre de 2020 titulado “Mejorando el sistema de inmigración de Estados Unidos en el primer año de la administración Biden”, el Centro de Estudios Migratorios con sede en Nueva York dijo que la tarea que tenemos por delante necesita mejoras mucho antes de las políticas de Trump.
“La nueva administración enfrentará desafíos sustanciales para volver a encarrilar la política de inmigración y refugiados, no solo revertir las políticas desacertadas de los últimos cuatro años, sino también mejorar un sistema que necesitaba una reforma mucho antes de que la administración actual asumiera el cargo,” decía el informe.
