Por David Agren, OSV News
CIUDAD DE MÉXICO (OSV News) — Un comandante militar retirado de Guatemala — considerado “uno de los generales más sangrientos que ha conocido la historia latinoamericana” por los sobrevivientes de la represión que supervisó — ha sido juzgado por cargos de genocidio, ofreciendo una posible última oportunidad de justicia para las víctimas ancianas de los ataques selectivos contra pueblos indígenas durante el conflicto armado de ese país.
Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del ejército guatemalteco durante ocho meses a principios de la década de 1980, está siendo juzgado por cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada y violencia sexual. El mandato de Lucas García como jefe del ejército coincidió con el gobierno de su hermano, el presidente Fernando Romeo Lucas García.
La Asociación por la Justicia y la Reconciliación, una organización asistida por la oficina de derechos humanos de la Arquidiócesis de Ciudad de Guatemala desde 2008, alega que el general retirado ordenó “más de 32 masacres selectivas y generalizadas”, junto con “la destrucción de más de 23 aldeas enteras” en la región maya ixil del oeste de Guatemala, según una declaración previa al juicio.
“Desde su puesto como Mando Operativo del Ejército de Guatemala, identificó a los pueblos mayas del país — especialmente los ubicados en el Norte del Quiché, Ixcán, Baja Verapaz, Chimaltenango y Huehuetenango — como enemigos del Estado”, continúa la declaración.
Las masacres se cobraron la vida de al menos 1.771 personas, según la organización, entre ellas “niñas, niños, ancianos y ancianas, hombres, mujeres, inclusive mujeres embarazadas”. Los soldados también quemaron casas y cosechas, al tiempo que llevaron a cabo persecuciones, desplazamientos forzosos y bombardeos, “así como sometimiento de la población a condiciones de hambre y enfermedades que causaron la muerte de cientos de personas más, además de graves hechos de violencia sexual contra mujeres y niñas”, afirmó la organización.
El juicio de Lucas García pone de relieve una vez más los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala, que hizo estragos entre 1960 y 1996, y la persistente impunidad, ya que muchos de los presuntos autores mueren de viejos sin enfrentarse a la justicia.
Los intentos de Guatemala por procesar a los autores de atrocidades — a menudo cometidas contra comunidades indígenas — han sido irregulares. En 2013, un tribunal guatemalteco condenó al ex presidente Efraín Ríos Montt por genocidio, pero la sentencia fue anulada. En 2018, un tribunal declaró que el ejército había cometido actos de genocidio, aunque no se condenó a ningún soldado.
Lucas García, de 91 años, ha seguido el juicio por videoconferencia desde un hospital militar. Ha negado todos los cargos que se le imputan.
Juan Brito López testificó contra el general retirado. Contó al tribunal cómo los soldados irrumpieron en su casa rural en enero de 1982, asesinaron a su mujer y a sus hijas y luego quemaron sus cuerpos. Brito López intentó salvarlas, pero no pudo. “Tal vez estaría muerto si no hubiera escapado”, dijo, según el medio de comunicación Prensa Comunitaria Kilómetro 169.
El ejército guatemalteco llevó a cabo políticas de tierra quemada contra el pueblo maya ixil para eliminar a la población civil durante la guerra civil del país, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, un grupo de expertos en derechos humanos.
La Asociación por la Justicia y la Reconciliación ha llevado el caso contra Lucas García desde 2001, pero el juicio se ha visto obstaculizado en repetidas ocasiones por el fallecimiento de testigos y la negativa de los militares a entregar documentos.
“Una estrategia para retrasar el proceso es que los victimarios eran personas mayores de edad”, dijo a OSV News Nery Rodenas, director de la oficina de derechos humanos de la archidiócesis de Ciudad de Guatemala.
Al menos 150 testimonios de testigos contra Lucas García han sido presentados como pruebas, según la Asociación para la Justicia y la Reconciliación.
El juicio no ha capturado la imaginación pública en Guatemala, dijo Rodenas — algo que atribuyó a la “indiferencia”.
Pero es importante, explicó, “que se logre acreditar que en Guatemala hubieron delitos que ofenden a la humanidad, que hubo una estrategia racista de poder pues acabar con un sector de la población”. Continuó Rodenas: “Es realmente importante que se siente un precedente porque lo que nosotros pretendemos es que se conozca qué fue lo que sucedió durante la guerra y, además, por otro lado, es un derecho humano acceder a la justicia que a las personas se les ha negado durante muchos años”.
David Agren escribe para OSV News desde Ciudad de México.
Imagen destacada: Ana López, del pueblo indígena Maya Ixil y sobreviviente del conflicto armado interno, asiste a una audiencia en el juicio por Genocidio Maya Ixil en la Corte Suprema, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 25 de marzo del 2024. (OSV News/Cristina Chiquin, Reuters)
