Según reportes internacionales, varios gobiernos han usado sus poderes de emergencia para frenar la propagación del COVID-19 para controlar a los defensores de los derechos humanos, incluidos activistas, periodistas, profesionales de la salud, mujeres y líderes indígenas. Un informe de Amnistía Internacional explicó, “esta crisis ha proporcionado un nuevo pretexto para seguir violando los derechos humanos, reducir el espacio cívico y atacar a los supuestos opositores”. En Zimbabwe, donde la gente protestó por los niveles de hambre y corrupción relacionados con la ayuda alimentaria, tres líderes políticas fueron torturadas por participar en las protestas. Otros líderes han sido arrestados por proporcionar alimentos. Y en Guatemala, los ataques registrados contra defensores de derechos humanos aumentaron enormemente en 2020, a comparación con 2019.
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