Por Rhina Guidos, Catholic News Service
Los defensores de inmigración dicen que, si bien acogieron con satisfacción la elección de 2020 del presidente Joe Biden, en lo que respecta a la política de inmigración, su administración, un año después de su primer mandato, ha dejado mucho que desear.
“No hay duda de que la administración de Biden es un cambio positivo de la crueldad atroz y el flagrante racismo de los años de Trump, pero en áreas clave (de inmigración), la Casa Blanca de Biden continúa defendiendo el espíritu de odio de las políticas migratorias de Trump”, expresó Hazel Contreras, de la organización sin fines de lucro Alianza Americas, el 1 de febrero.
La organización fue uno de varios grupos que expresaron su descontento con la Casa Blanca sobre la política de inmigración un año después de que la administración de Joe Biden y Kamala Harris revelara su estrategia para abordar los flujos de inmigración en la frontera sur. La Casa Blanca de Biden ha enfrentado obstáculos, sin duda: desde estar vinculada a restricciones de salud pandémicas que impiden la entrada de algunos inmigrantes a Estados Unidos, hasta batallas judiciales que bloquean los intentos de deshacer las políticas de inmigración de la era de Donald Trump.
Sin embargo, hay quienes dicen que algunas de las heridas son auto infligidas. Las últimas denuncias se centran en informes que allegan que funcionarios de la administración están expulsando a migrantes venezolanos a un tercer país — mas precisamente, Colombia — si residieron allí recientemente. Incluso el senador demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey se pronunció en contra de la administración el 1 de febrero.
“Los informes recientes de la administración de Biden sobre la expulsión de venezolanos a través de terceros países son extremadamente preocupantes”, señaló Menéndez en un comunicado. “Al continuar usando políticas de la ley de inmigración de Trump, esta administración está dando la espalda a los inmigrantes que más necesitan nuestra protección”.
Miembros de la comunidad venezolana en Doral, Florida, reaccionan el 9 de marzo de 2021, luego que la administración de Biden dijo que otorgaría el Estatus de Protección Temporal a los ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos. Tenían un período de 180 días para solicitar el estatus, hasta septiembre de 2022, y tienen que cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad para protegerse de la deportación y recibir permisos de trabajo. (Foto CNS/Marco Bello, Reuters)
Menéndez se refirió a la difícil situación de Venezuela. Dicho país se ha visto envuelto en un conflicto político y una economía en espiral descendente, que ha provocado que más de 6 millones de venezolanos huyan de esa nación desde 2014, según reportan cifras de las Naciones Unidas.
Muchos venezolanos han huido a países vecinos como Colombia y Chile, donde han encontrado hostilidad. El 30 de enero, un campamento de migrantes venezolanos en el norte de Chile fue destrozado luego de que estallaran protestas contra los migrantes.
Otros venezolanos han hecho el viaje más largo a Estados Unidos, donde aproximadamente 323,000 actualmente tienen el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y donde muchos más han estado tratando de ingresar recientemente.
TPS, una designación de inmigración, otorga un permiso de trabajo y una suspensión de deportación a ciertas personas cuyos países han experimentado desastres naturales, conflictos armados, o situaciones excepcionales para que puedan permanecer temporalmente en Estados Unidos.
Sin embargo, poco después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijera que sus funcionarios encontraron más de 13,000 adultos solteros de aquel país en la frontera entre Estados Unidos y México en diciembre de 2021, comenzaron a llegar informes sobre deportaciones de venezolanos que habían vivido en Colombia.
Aquellos que opinan como Menéndez dijeron que, si bien a Estados Unidos le preocupa dejar entrar a algunos migrantes durante la pandemia, los venezolanos están luchando contra una “dictadura brutal” en casa y contra el deterioro de las condiciones humanitarias.
“Aunque reconozco la importancia de manejar cuidadosamente los viajes transfronterizos para facilitar la respuesta pandémica de nuestra nación, ahora que se han reanudado los viajes no esenciales en las fronteras de nuestra nación, la administración debe arrancarse la venda, poner fin a estas expulsiones, y restaurar el procesamiento regular de solicitudes de asilo”, manifestó Menéndez.
A fines de enero, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visitó la frontera sur del país. El 27 de enero en El Paso, Texas, trató de hacer una distinción entre la forma en que las administraciones de Biden y Trump han manejado los flujos de inmigrantes entrantes.
Migrantes que buscan asilo en Yuma, Arizona, el 23 de enero de 2022, paran cerca del muro fronterizo mientras esperan ser procesados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. (Foto CNS/Go Nakamura, Reuters)
“Hemos terminado con las políticas de crueldad que definieron la administración anterior”, acotó.
Pero Menéndez, en su declaración, dijo que deportar venezolanos era un “curso de acción cruel”, calificándolo como “inconcebible” y dijo que tenía que parar.
Alianza Americas también habló de lo que llamó el “preocupante” mensaje de la vicepresidenta Kamala Harris durante un viaje que hizo a México y Guatemala en junio de 2021, cuando les dijo a los posibles migrantes: “No vengan”.
“Un mensaje que muchos grupos de defensa encontraron preocupante, ya que no tiene en cuenta la realidad de que muchos solicitantes de asilo y migrantes tienen pocas opciones para huir de condiciones de vida que son intolerables”, dijo la organización.
La organización también dijo que Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de ayudar a quienes huyen de los efectos del cambio climático, principalmente de América Central, “dado que el norte global, incluyendo Estados Unidos, ha alimentado la crisis climática a través de las emisiones de gases de efecto invernadero”.
El grupo también expresó su decepción por la falta de una nueva emisión del TPS para los países centroamericanos por parte de la administración, calificándola como “una de las mayores decepciones” de la agenda de inmigración del presidente.
“La administración de Biden necesita volver a comprometerse para mantener su promesa central de construir un sistema de inmigración seguro, ordenado, y que respete los derechos en Estados Unidos”, indicó Contreras de Alianza Americas.
Para hacer eso, dijo Dylan Corbett, director ejecutivo de Hope Border Institute de El Paso, “necesitamos reconocer que la administración Biden-Harris todavía tiene una oportunidad única en una generación para cambiar el rumbo en Centroamérica y hacer un cambio significativo. Por lo tanto, esta administración tendrá que volver a comprometerse a escuchar y caminar junto a los líderes locales que tienen una visión profética para el futuro de sus comunidades”.
Eric Schwartz, presidente de Refugees International, dijo en un comunicado del 2 de febrero que, aunque los funcionarios de la administración de Biden dijeron hace un año que no “ignorarían la humanidad” de quienes se vieron obligados a huir de sus países de origen, Estados Unidos podría “hacerlo mejor”.
“Podemos y debemos actuar de manera más justa, más humana y consistente con los estándares de derechos humanos. Hay vidas en juego”, dijo Schwartz.
“Estados Unidos no debe enviar a personas que buscan refugio al peligro y la inseguridad, ni imponer la responsabilidad de protegerlos a otros países de la región”, dijo. “En cambio, Estados Unidos debe cumplir con la ley de refugiados en la frontera y poner fin a las políticas de la administración anterior de una vez por todas”.
Imagen destacada: Xabiel, 9, un migrante de Venezuela, camina con su hermano, Yilber Gabriel, mientras se unen a una caravana cerca de Villa Comaltitlán, México, que se dirige a la frontera de Estados Unidos el 20 de noviembre de 2021. (Foto CNS/José Luis González, Reuters)
