Marzo marcó el primer aniversario de la suspensión de los derechos civiles en El Salvador, como parte de la campaña del Presidente Nayib Bukele para poner fin a la violencia de las pandillas. Conocido como un “estado de excepción”, puede describirse como un estado de desesperación para decenas de miles de pobres atrapados en el creciente Estado policial. Bajo el estado de excepción, se suspende el derecho de asociación, la policía no tiene que informar a los detenidos el motivo de la detención ni sus derechos. Los detenidos no tienen derecho a un abogado y pueden ser recluidos por 15 días sin comparecer ante un juez, en vez de las 72 horas habituales. La organización de derechos humanos Cristosal documentó más de 3.300 casos de abusos. “Nuestros hermanos afectados por esta situación política deben sentir que les hemos fallado, que no hemos cumplido con el mandato de [san Óscar] Romero”, dijo el Cardenal Gregorio Rosa Chávez de San Salvador, durante una homilía en la Catedral de San Salvador.
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Imagen destacada: CNS, Bob Roller/EE.UU.
