Por David Agren, OSV News
CIUDAD DE MÉXICO (OSV News) — El grupo católico por la paz Pueblo Creyente marchó por la ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas el 26 de enero para recordar al difunto obispo Samuel Ruiz García, que promovió la visión de una Iglesia autóctona en el estado de Chiapas, que es de mayoría indígena.
En la marcha también se pidió el fin de la creciente violencia en Chiapas, donde cárteles de la droga rivales se disputan el territorio del estado del sur de México, provocando la huida de pueblos enteros.
“Es urgente que el Estado mexicano implemente medidas que garanticen la protección integral de la población civil, entre quienes se encuentran servidoras de la iglesia y defensoras del territorio”, señaló Pueblo Creyente en un comunicado difundido el 25 de enero.
El comunicado afirmaba que 2.300 personas habían sido desplazadas por la fuerza de tres municipios de Chiapas durante el último año. Atribuía los desplazamientos forzosos a que “la violencia derivada de la disputa por el territorio entre grupos de la delincuencia organizada por el control del territorio les ha dejado fuera de sus hogares”.
Los comentarios hicieron eco de una declaración del 21 de diciembre de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, que denunció: “El crimen organizado mantiene a los pueblos sitiados, secuestrados, intimidados y amenazados, vulnerándolos cada día más”.
El comunicado añadía: “En el estado de Chiapas estamos viviendo en medio de grupos criminales que se disputan el territorio, poniendo a la sociedad civil como barrera humana en dicha disputa, sin que se haga valer el derecho del pueblo a la seguridad, el libre tránsito, la paz y otros, de manera permanente”.
Chiapas ha sufrido durante mucho tiempo violencia política y disputas territoriales, mientras que los grupos indígenas se han resistido al despojo y los zapatistas se movilizaron célebremente el día de Año Nuevo de hace 30 años. Los rebeldes campesinos se levantaron en armas en 1994 y ahora viven en municipios autónomos llamados caracoles.
El obispo Ruiz, que dirigió la Diócesis de San Cristóbal de las Casas de 1960 al 2000, medió entre 1994 y 1998 en una comisión que buscaba poner fin al conflicto entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas (la mayoría de los zapatistas se identifican como católicos).
Sin embargo, en un ciclo interminable de turbulencias para la región, los dos mayores cárteles de la droga de México — el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación — se han trasladado al estado y se disputan un corredor a lo largo de la frontera con Guatemala, codiciado para el contrabando de drogas y migrantes.
“Chiapas apenas comienza a experimentar las secuelas de un conjunto de conflictos que van en aumento dadas las empobrecidas estrategias de disuasión de los gobiernos federal y estatal”, dijo Falko Ernst, analista de México para International Crisis Group, a OSV News.
Los habitantes del municipio de Chicomuselo se escondieron en sus casas mientras las balas atravesaban las paredes durante un tiroteo que duró siete horas el 4 de enero y en el que murieron 20 personas — entre ellas dos lugareños, cuyos familiares no pudieron recuperar los cadáveres — según un comunicado de la comunidad.
“Nos están matando, nos están forzando a dejar nuestros hogares y a otros a ser parte de ellos”, decía el comunicado.
“Las comunidades están atrapadas en medio de esto”, dijo un sacerdote que trabaja en la zona y habló bajo condición de anonimato.
Un director de una organización católica de ayuda en el corredor, que tampoco quiso que se publicara su nombre, describió una situación en la que la gente que se queda se ve obligada a pagar extorsiones, mientras que las carreteras que atraviesan la región están cubiertas de puestos de control ilegales de los cárteles.
“En los enfrentamientos hay muchas bajas y cuando hay muchas bajas empieza a haber reclutamientos“, dijo el director a OSV News, y añadió: “Llegan y directamente entran a las casas a sacar a los jóvenes o a los hombres y por eso muchos han decidido salir huyendo de ahí”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha restado importancia a los informes de violencia en Chiapas. En una rueda de prensa celebrada el 19 de enero, pidió a la gente que no huyera y “le tengan confianza” a la Guardia Nacional — una fuerza policial militarizada —, insistiendo en que quienes desconfían de ella “están protegiendo a delincuentes, así de claro”.
El director del grupo católico de ayuda dijo que la gente desconfiaba de la Guardia Nacional porque los tiroteos tuvieron lugar cerca de los cuarteles de la guardia, y los miembros de la guardia “nunca aparecen”.
El director añadió que los aldeanos han intentado armarse y formar grupos de autodefensa para mantener a los cárteles fuera de sus comunidades. “Pero han enviado al ejército y han mandado a la Guardia Nacional pues a amedrentar prácticamente a la población”, dijo el director.
La presencia de soldados ha provocado inquietud desde hace algún tiempo en Chiapas, adonde fueron enviados tras el levantamiento zapatista.
“Reconocemos el incremento de la militarización, pero no vemos resultados”, dijo el obispo auxiliar de San Cristóbal de las Casas, Luis Manuel López Alfaro, en una Misa celebrada el 25 de enero con motivo de la marcha del Pueblo Creyente, según el diario La Jornada.
“Nos resulta contradictorio ver la permisibilidad con los grupos criminales hacen y deshacen, sin una intervención de quienes deberían de garantizar la paz en nuestros pueblos y comunidades”, subrayó.
Imagen destacada: Una mujer indígena tzotzil y otros rezan en la aldea de Majomut en el estado de Chiapas, México, el 6 de octubre del 2022 después de que un enfrentamiento entre grupos armados por una disputa por territorios los forzara a desplazarse de su pueblo Santa Martha, un municipio en el estado de Chenalho en Chiapas. (OSV/Jacob Garcia, Reuters)
