Por Gina Christian, OSV News
(OSV News) — Como parte de los veloces y radicales cambios en la política de inmigración, la administración Trump está tratando de poner fin o restringir severamente dos formas de estatus de inmigración que se han concedido a cientos de miles de personas que escapan de la guerra, los desastres, la violencia y las crisis humanitarias: el Estatus de Protección Temporal y el permiso de permanencia temporal (“parole”) humanitario.
Ambos ofrecen protección temporal frente a la deportación. El TPS, como se conoce al Estatus de Protección Temporal que se concede a quienes proceden de países designados por el Departamento de Seguridad Nacional que atraviesan crisis, suele proporcionar autorización para trabajar. El “parole” humanitario, en cambio, suele concederse caso por caso y, a diferencia del TPS, no garantiza la autorización de trabajo.
Una orden ejecutiva del 20 de enero del presidente Donald Trump puso fin a todos los programas categóricos de parole humanitario, incluidos los programas para los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, quienes enfrentan emergencias humanitarias, represión, violencia e inestabilidad política.
Inmigrantes que entraron a EE. UU. de manera legal se ven afectados
“Viajaron (a Estados Unidos) confiando en una promesa de nuestro gobierno de que estarían protegidos si seguían las reglas”, dijo a OSV News J. Kevin Appleby, investigador principal de políticas y comunicaciones del Centro de Estudios Migratorios de Nueva York. “Y ahora la administración Trump ha cambiado esas reglas”.
“Ciertamente con la libertad condicional humanitaria, donde invitamos a estos inmigrantes a entrar legalmente y son esencialmente legales, les estamos sacando la alfombra de debajo de los pies”, dijo Appleby, quien se desempeñó como director de política migratoria y asuntos públicos de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos de 1998 a 2016.
El secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio, confirmó las difíciles condiciones a las que se enfrentan los cubanos cuando anunció el restablecimiento de una “política dura de Estados Unidos hacia Cuba” el 31 de enero, señalando que Cuba sigue en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado. Rubio dijo que el régimen proporciona “alimentos, vivienda y atención médica a asesinos, fabricantes de bombas y secuestradores extranjeros”, mientras que los cubanos — sometidos a opresión y vigilancia — “pasan hambre y carecen de acceso a medicinas básicas”.
Con la terminación oficial el 1 de febrero de la designación de TPS para Venezuela, unos 348.000 venezolanos en EE.UU. se enfrentan ahora a la deportación de vuelta a la nación sudamericana. Su protección finaliza el 7 de abril.
Muchos inmigrantes serían deportados a ‘Estados fallidos’
Appleby dijo que la retirada del TPS y del permiso temporal “viola todos los principios de la democracia que hemos desarrollado a lo largo de los años”.
Pero Andrew R. Arthur, investigador residente en derecho y política en el Centro de Estudios de Inmigración de Washington, no estuvo de acuerdo y dijo a OSV News que los programas en sí eran una extralimitación del poder ejecutivo.
“Sólo el Congreso tiene autoridad para permitir que la gente se traslade a Estados Unidos o se reasiente en Estados Unidos”, dijo Arthur. “La libertad condicional (o parole humanitario) en sí es una autoridad muy limitada, no una autoridad categórica. Y se abusó de ella en este caso concreto”.
“Si se trata de buenos programas, (y) se trata de personas necesitadas y merecedoras, la única forma de conseguir que el Congreso actúe ahora es crear una fecha de finalización para estos programas”, dijo. De lo contrario, continuó, “no se haría nada en absoluto con respecto a su situación (de las personas con el permiso de parole humanitario)”.
Arthur, que es católico, añadió: “Confío en que el Congreso haga lo correcto. Espero que los obispos (católicos estadounidenses) también lo hagan”.
También aclaró que “la autoridad que dio el Congreso” respecto al paro está dirigida al secretario de Seguridad Nacional. Dijo que, si bien “hay restricciones con respecto a la concesión del parole”, no hay “ninguna restricción con respecto a ponerle fin”.
Sin embargo, en el caso del programa del parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos — también conocido como el programa CHNV — “todas estas son naciones… que son Estados fallidos”, dijo Appleby. “Básicamente está enviando a personas que tienen una solicitud de asilo justificada de vuelta a sus perseguidores y a posibles daños”.
Appleby dijo que los esfuerzos para eliminar las protecciones clave a la inmigración no tuvieron “en cuenta los derechos humanos o la vida de las personas”, y no mostraron “ninguna empatía por su situación”.
Programa que beneficia a ucranianos también impactado
La orden ejecutiva de Trump del 20 de enero también puso en pausa el programa Unidos por Ucrania, también conocido como U4U, lanzado en abril de 2022 para conceder libertad condicional humanitaria a ucranianos calificados e investigados que escapaban de la invasión a gran escala de Rusia.
Los beneficiarios de U4U fueron patrocinados por residentes privados de EE.UU. que los apoyaron financieramente durante su período de libertad condicional. En marzo de 2024, más de 187.000 ucranianos habían llegado a Estados Unidos a través del programa U4U, mientras que otros 350.000 habían sido acogidos principalmente a través de visados temporales.
La administración Biden también había designado a Ucrania para el TPS, y había ampliado ese estatus el 15 de enero hasta el 19 de octubre de 2026.
Durante una rueda de prensa online el 4 de febrero con varios patrocinadores de U4U, el arzobispo metropolitano Borys A. Gudziak, de la Arquidiócesis Católica Ucraniana de Filadelfia, dijo que, aunque 2 millones de migrantes ucranianos en todo el mundo han regresado a su nación desde la invasión rusa de febrero de 2022, “hay millones y millones que no tienen adónde ir” a pesar de querer repatriarse.
“Sus pueblos han sido arrasados, sus ciudades están bajo ocupación” rusa, afirmó el arzobispo Gudziak, que también preside el Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Humano de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos.
Junto con numerosas comunidades religiosas, la Iglesia greco-católica ucraniana “se ha extinguido en todos los lugares donde hay ocupación rusa”, afirmó, añadiendo que sacerdotes y fieles católicos han sido “secuestrados, torturados y asesinados”.
La patrocinadora de U4U, Angela Boelens, dijo durante la convocatoria de prensa que los participantes ucranianos que conoce están “aterrorizados” por la pausa del programa.
“Y es realmente desgarrador, porque estas familias estaban en un estado de trauma cuando llegaron aquí a los EE.UU.”, dijo Boelens.
“Los niños están muy asustados“, añadió.
Durante la rueda de prensa, el arzobispo Gudziak y los patrocinadores participantes de U4U dijeron que el programa también era muy eficaz y rentable, ya que los inmigrantes ucranianos reforzaban la mano de obra local y se ofrecían como voluntarios para ayudar a sus comunidades de adopción.
“Esto es amor, servicio y generosidad que brota a raudales”, dijo el arzobispo. “Esto es lo mejor de Estados Unidos”.
Imagen destacada: Un hombre venezolano descansa sobre un colchón con sus hijas en Aurora, Colorado, el 30 de enero del 2025, antes de prepararse para descansar en su apartamento en un momento en que, pese a tener documentos legales para residir en los Estados Unidos, puedan ser detenidos para ser deportados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (conocido como ICE). (OSV News photo/Kevin Mohatt, Reuters)
