Meses después de la toma de posesión de Dina Boluarte como presidenta del Perú el 7 de diciembre del 2022, 49 o más personas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad durante manifestaciones. Según investigaciones de Amnistía Internacional, el 80% de estas matanzas tuvo lugar en áreas mayoritariamente indígenas del país, a pesar de que hubo protestas a nivel nacional y que estas regiones representan solo el 13% de la población del Perú. Desde entonces, un grupo de ocho organizaciones de derechos humanos incluida DHUMA, una organización fundada por la Hermana MaryknollPatricia Ryan, han trabajado para exigir justicia para las víctimas de la represión policial. Recientemente presentaron una demanda en nombre de los parientes de los fallecidos para derogar leyes como la del “gatillo fácil” que amparan el abuso de la fuerza policial y obstruyen medidas judiciales para detener a oficiales que cometan abusos. Sin embargo, en vez de derogar la ley, el Tribunal Constitucional presentó un fallo interpretativo que incita a incertidumbre legal. “Ha sido una victoria parcial”, dijo la Hermana Ryan.
La Oficina de Asuntos Globales Maryknoll (MOGC por sus siglas en inglés) expresa la posición de Maryknoll en debates sobre políticas públicas en las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y ante el gobierno de Estados Unidos y otros países, con el propósito de ofrecer educación en temas de paz y justicia social, defender la integridad de la creación y abogar por la justicia social, económica y del medio ambiente.
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Imagen destacada :DHUMA, una organización fundada por la Hermana Maryknoll Patricia Ryan, y otras organizaciones han trabajado para exigir justicia para las víctimas de la represión policial en Perú. (Facebook/Cortesía de DHUMA, Perú)
