Protestas en Perú: una demanda por Respeto

Tiempo de lectura: 6 minutos
Por: Barbara Fraser
Fecha de Publicación: Jun 1, 2023

Las protestas de los indígenas peruanos rurales reflejan la frustración con los políticos urbanos, dice Hermana Maryknoll

Es difícil decir qué hizo que la gente de Puno, una región montañosa del sur de Perú, se indignara más durante las protestas antigubernamentales que han sacudido al país desde diciembre del 2022.

Pudo haber sido la visión de un policía disparando una bomba lacrimógena directamente al cuerpo de una mujer indígena aimara, vestida con un traje tradicional y cargando a un bebé a la espalda. O podría haber sido el comentario en público del ministro de educación de que ella y otras mujeres eran “peores que animales” por llevar a sus hijos en una marcha de protesta a Lima, la capital de Perú.

O pudo haber sido el estado de emergencia en la región de Puno, donde vive esa mujer, lo que les dio amplios poderes a los militares y provocó la muerte de seis jóvenes soldados de las comunidades locales que se ahogaron al cruzar un río mientras huían.

Para la Hermana Maryknoll Patricia Ryan, sin embargo, la ira que ha convertido a Puno en el epicentro de la agitación política proviene de todos esos episodios, combinados con una historia de siglos de profundas cicatrices.

La Hermana Ryan comparte la indignación de la gente, mezclada con tristeza, mientras observa cómo la policía y el ejército reprimen duramente a los indígenas de la región donde ella ha pasado la mayor parte de su vida defendiendo los derechos humanos.

“Es terriblemente difícil ver a personas que conoces, siendo atacadas”, dijo la Hermana Ryan, y agregó que las personas en Puno “sienten que el gobierno les ha declarado la guerra”.

Casi 60 civiles han muerto durante las protestas en el primer trimestre del 2023, muchos después de ser alcanzados por munición real, perdigones o granadas de gas lacrimógeno. Un oficial de policía y seis jóvenes soldados también murieron, y cientos de civiles y policías resultaron heridos.

La agitación política en Perú comenzó el 7 de diciembre del 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo, que enfrentaba una votación de juicio político en el Congreso, anunció que cerraría el Congreso y gobernaría por decreto. Sin embargo, los militares no lo apoyaron y el Congreso lo destituyó. Castillo fue arrestado cuando intentaba refugiarse en la Embajada de México en Lima, la capital de Perú.

Castillo, un maestro rural y agricultor de las tierras altas del norte de Perú, era un marginado político sin experiencia en el gobierno cuando fue elegido en 2021. Sin embargo, como presidente que representaba a la gente más marginada del poder político resonó con fuerza, especialmente entre la gente de las zonas rurales de la Cordillera de los Andes, incluso cuando su mandato truncado estuvo plagado de una rotación constante de ministros del gabinete y acusaciones de corrupción.

Cuando la vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, fue juramentada como presidenta, las personas que habían apoyado a Castillo la vieron como una traidora, y estallaron las protestas. Los manifestantes salieron a las calles y bloquearon carreteras en varias partes del país, especialmente en la sierra sur donde la Hermana Ryan ha servido por más de cinco décadas.

La mayoría de las protestas han sido pacíficas, incluidas muchas en Puno que han atraído a miles de personas, dice la Hermana Ryan. Algunas, sin embargo, han ido acompañadas de violencia, con vándalos quemando comisarías y otros edificios públicos.

Manifestantes se enfrentan a las fuerzas de seguridad cerca del aeropuerto de Juliaca, Perú, durante una protesta en enero de 2023 exigiendo elecciones anticipadas y la libera- ción del expresidente Pedro Castillo. (OSV News, Hugo Courotto/Perú)

Manifestantes se enfrentan a las fuerzas de seguridad cerca del aeropuerto de Juliaca, Perú, durante una protesta en enero de 2023 exigiendo elecciones anticipadas y la liberación del expresidente Pedro Castillo. (OSV News, Hugo Courotto/Perú)

Boluarte, que ya se había distanciado del partido izquierdista Perú Libre de Castillo, que luego la expulsó, recurrió a los militares y a los partidos de derecha en busca de una respuesta armada cuando estallaron las protestas, lo que solo enfureció más a la gente. Los manifestantes exigieron su renuncia y nuevas elecciones, y hubo llamados a una asamblea constituyente para reescribir la constitución del país. Boluarte se negó a renunciar, pero dijo que convocaría nuevas elecciones en abril de 2024. Eso requiere la aprobación del Congreso, y hasta ahora el Congreso no ha actuado.

El colapso del gobierno de Castillo se debió en parte a un conflicto continuo entre el poder legislativo y el ejecutivo, que ha resultado en que Perú haya tenido seis presidentes en los últimos cinco años, incluyendo tres en ocho días en noviembre de 2020.

Para muchos peruanos rurales, especialmente para los indígenas de las zonas montañosas, su elección representó la esperanza de un trato igualitario y una voz en las decisiones que los afectan.

Las comunidades rurales andinas y amazónicas de Perú se encuentran entre las más pobres del país y, por lo general, carecen de servicios básicos como agua potable, saneamiento, atención médica y educación. En la sierra sur, donde las protestas han sido más fuertes, las empresas mineras extraen oro, plata y otros metales mientras que en las comunidades cercanas carecen de electricidad. La minería mal regulada ha contaminado los ríos con metales tóxicos, haciéndolos inseguros para el ganado y el consumo humano.

La Hermana Ryan y sus colegas de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), con sede en Puno, ayudan a las comunidades a exigir su derecho a la consulta sobre proyectos mineros y a un medio ambiente seguro, pero esos casos a menudo languidecen en los tribunales por años, mientras que la situación sobre el terreno no cambia.

La protesta de las mujeres aimaras en Lima fue parte de una serie de protestas que comenzaron en enero, cuando caravanas de personas de varios puntos del país, especialmente de la sierra sur, se reunieron en la capital después de más de un mes de protestas en sus regiones de origen.

“Es una situación terriblemente compleja”, dice el Padre Maryknoll Joseph Fedora, quien tiene un ministerio en Lima con personas con VIH positivas y con quienes trabajan con ellas. “Hay tantos participantes y agendas involucradas. No es blanco y negro”.

Las personas que conoce el Padre Fedora que han participado en las protestas han notado que la violencia y los daños a la propiedad generalmente ocurren por la noche, después de que la mayoría de los manifestantes se han ido a casa. Los observadores dicen que no está claro quién está detrás de la violencia.

La Hermana Maryknoll Patricia Ryan, quien ha servido con las comunidades indígenas en Perú por más de 50 años, dice que las protestas son una demanda de respeto por los derechos. (Nile Sprague/Perú)

La Hermana Maryknoll Patricia Ryan, quien ha servido con las comunidades indígenas en Perú por más de 50 años, dice que las protestas son una demanda de respeto por los derechos. (Nile Sprague/Perú)

“No es representativo de la gran mayoría de los manifestantes que tienen demandas legítimas”, dice el Padre Fedora. “Hay participantes que se están aprovechando de esta situación”.

Los líderes de la iglesia, incluido el Papa Francisco, han pedido diálogo y una solución pacífica.

En una carta dirigida al presidente y al Congreso, el obispo Ciro Quispe de la prelatura de Juli en Puno instó, “Escuchemos al pueblo aimara y escuchémonos unos a otros, como hermanos y hermanas”. Él llamó a los funcionarios del gobierno a “mostrar una señal visible y concreta para detener esta ola de heridos y muertos” y establecer “un diálogo real, con puntos específicos” a discutir.

El arzobispo Paolo Rocco Gualtieri, el nuncio papal en Perú, le dijo a Boluarte en una reunión en enero, “Los manifestantes son principalmente residentes de regiones rurales [andinas], urbanas de bajos ingresos y regiones amazónicas, quienes durante años han sido ‘invisibles’ o marginados o dejados atrás, con sus derechos civiles ignorados”.

Mientras que la violencia contra las personas y la propiedad “nunca es justificable”, dijo el nuncio, “es importante abordar las causas detrás de ella y neutralizarlas, siempre usando la fuerza de la ley, nunca la ley de la fuerza”.

La Hermana Ryan dice que el descontento de los indígenas tiene raíces profundas y que insisten en su derecho a ser respetados plenamente como ciudadanos, con voz en las decisiones que afectan a sus familias y sus tierras.

“No la reconocen a ella como su gobierno”, dijo ella, porque no creen que los represente ni garantice sus derechos. “En el centro de las protestas está su dignidad, la Tierra y sus vidas”.

Una versión anterior de este artículo se publicó solo en web el 22 de marzo de 2023, vea aquí.

Imagen destacada: Manifestantes participan en una protesta antigubernamental en Lima, Perú en enero de 2023, mientras exigen la liberación de manifestantes detenidos en apoyo del derrocado presidente Pedro Castillo. (OSV News, Angela Ponce/Perú)

Sobre la autora/or

Barbara Fraser

Barbara Fraser es una ex misionera laica Maryknoll que trabaja como escritora independiente en Lima, Perú. barbara-fraser.com

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